Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo

La Clínica es un organismo interno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, compuesto por alumnos y profesores, que elabora periódicamente estudios sobre asuntos de elevado impacto en la sociedad. «Se trata de un proyecto de aprendizaje-servicio», explica su director, David San Martín, profesor de Derecho Administrativo. Entidades sociales acuden a ella para formularles preguntas o dudas jurídicas y los alumnos más interesados en investigar sobre cada cuestión deciden apuntarse. En el informe sobre la prohibición del velo islámico, han participado cuatro estudiantes de Derecho y tres de Trabajo Social bajo la tutoría de David San Martín y de otros dos profesores: Ana María Vega, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, y Juan Ocón, profesor de Derecho Constitucional.

La conclusión del estudio es claramente negativa a la prohibición del velo islámico en los centros educativos. Su argumento es, en primer lugar, jurídico. Entienden los autores del estudio que el reglamento interno de un instituto no tiene capacidad para adoptar una norma que sospechan que va en contra del principio de libertad religiosa amparado por la Constitución Española. «En todo caso podría cambiarse la norma mediante una ley orgánica, aunque habría que ver después, si hay recursos, lo que resuelve el Tribunal Constitucional», explica San Martín. Lo relevante, en este caso, es considerar si el velo tiene un significado religioso. «Existe un consenso mayoritario –dice el texto– en las escuelas tradicionales de 'fiqh' (jurisprudencia islámica) en cuanto a que hombres y mujeres deben cubrir sus partes privadas, que en el caso de las mujeres incluiría la cabeza».

Aunque las comparaciones con el caso francés son recurrentes, San Martín advierte de que su aproximación al hecho religioso es completamente distinta: «En Francia se impuso un laicismo estricto, sobre todo en espacios públicos», advierte, mientras que en España se optó por una neutralidad aconfesional que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Aunque la Consejería de Educación asegura que consultó el Reglamento con los servicios jurídicos, que dieron su conformidad, el informe asegura que la jurisprudencia existente es escasa y muy cuestionable, ya que se basa en sentencias europeas que remiten a las leyes francesas y belgas, diferentes a las españolas.

Desde el punto de vista social, el estudio reconoce que «el problema principal se plantea con los velos impuestos a las niñas», una realidad «que no se puede ignorar y menos en el ámbito educativo», aunque los autores replican que esta circunstancia «no se resuelve con una imposición que fuerza en alguna materia a la inhibición del derecho fundamental de libertad religiosa». En conversación con este periódico, San Martín refiere que los casos de imposición deberían perseguirse individualmente como casos de coacciones, pero que no pueden conducir a una prohibición general que conculca derechos fundamentales y que no sirven para atajar este tipo de situaciones.

En el texto se advierte que «prohibir el velo a niñas y adolescentes en la escuela sin causa suficientemente justificada proyecta sobre ellas la carga del rechazo como mensaje excluyente de su cultura» y podría llevar «a una ruptura contradictoria de los principios de inclusión, diversidad y respeto por las diferentes creencias».