La indignación del colectivo docente que logró torcer el brazo de Educación
En 2022 el profesorado se levantó en contra del artículo 53 de la orden de convivencia que recogía conductas a evitar: «No llevar la clase preparada»
El Consejo de Gobierno aprobaba esta misma semana un nuevo decreto de convivencia de La Rioja que, entre otras cuestiones, reforzaba la autoridad de ... los profesores. Una potestad que el colectivo de docentes creyó cuestionada en la norma del antecesor de Alberto Galiana al frente de Educación. El exconsejero Pedro Uruñuela logró sacar adelante, no sin polémica, uno de los que fue su proyecto estrella en junio de 2022. Pero aquellas primeras críticas no fueron nada comparadas con las que arreciaron una vez que cinco meses después se aprobó la primera de las tres órdenes que desarrollaba el decreto. En noviembre de ese mismo año, se fue cociendo a fuego lento en prácticamente toda la comunidad docente un poso de malestar que en quince días alcanzó un punto de ebullición tal que la Consejería tuvo que ceder ante la presión y modificar el párrafo de la polémica. El conflicto se desató en torno al artículo 53 del decreto de convivencia. Pocas veces antes un texto había logrado concitar el rechazo sindical unánime.
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Pero ¿qué decía aquel artículo? El punto en cuestión venía a recoger las conductas que los docentes debían evitar, tales como hablar por el teléfono móvil en clase sin justificación, no escuchar, prestar atención selectiva a determinados alumnos, no llevar la clase preparada, llegar tarde o salir antes, no pedir nunca disculpas, no llamar a los alumnos por su nombre e incluso dar explicaciones confusas. Una batería de recomendaciones que sentaron como una patada en la boca del estómago de los docentes, no tanto por lo que se decía, sino porque se podía dar a entender que parte del profesorado practicaba esas mismas conductas y les conminaban a no hacerlo. Lo entendían como un tirón de orejas injustificado y fuera de lugar. Incluso el Consejo Escolar, en un informe elaborado a petición expresa del consejero en septiembre de ese año, había propuesto su eliminación porque entendía que «criminalizaba» al profesorado.
En un primer momento el consejero trató de defender que la orden recogiera conductas «minoritarias», pero finalmente tuvo que dar su brazo a torcer y, reunidos con los sindicatos, pidió perdón y modificó el texto en cuestión por otro mucho más genérico que consideraban que ya no atentaba contra la dignidad del colectivo. El punto se suprimió y se cambió por el siguiente: «En las relaciones interpersonales se fomentarán las actuaciones que promuevan un buen clima en el aula. Cada centro, en su documento de normas, especificará las actuaciones que va a poner en marcha para garantizar el buen clima de aula». Acababa así una de las contestaciones más unánimes que se recuerdan de los profesores. Las elecciones de 2023 cambiaron el signo político del Gobierno y con él vinieron las reformas de urgencia de varios puntos del decreto de convivencia hasta que esta semana ha visto la luz la nueva norma del cuño de Galiana.
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