Leire Díez se ampara en el «secreto profesional» para no entregar al Senado una copia del pendrive
La exmilitante socialista alega que, como periodista, protege a sus fuentes, y que además está «en manos de la Justicia»
Leire Díez no entregará a la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' su pendrive con información sobre las supuestas «cloacas» del Estado ... como le había sido requerido. En un burofax, al que ha tenido acceso este periódico, la exmilitante socialista imputada por cohecho y tráfico de influencias ha rehusado hacerlo alegando que, como periodista, protege a sus fuentes, y que además está «en manos de la Justicia». «Hago valer mi derecho al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información, reconocido en el art. 20.1.d CE. Estos preceptos sustentan que no procede la entrega de materiales periodísticos ni la revelación directa o indirecta de fuentes, salvo supuestos estrictamente excepcionales previstos por la ley y con las debidas garantías», arguye.
En su comparecencia el pasado 8 de septiembre ante la comisión, Díez reconoció haber entregado tres meses antes la memoria portátil con «información relevante» al responsable jurídico del PSOE, Alberto Cachinero, durante una reunión en la que también estuvo presente el entonces secretario de Organización y ahora investigado por la trama corrupta, Santos Cerdán. Este pendrive fue entregado días después por los socialistas a la Fiscalía, que encomendó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar su contenido.
En su escrito al Senado, remitido el pasado 30 de septiembre, la ex alto cargo de Correos fundamenta su negativa en la ley orgánica 5/1984 que ordena expresamente que las Mesas de las Cámaras «salvaguarden el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales» en las comisiones de investigación. Se apoya también en la doctrina constitucional y europea para defender que la protección del secreto de las fuentes «es esencial para el libre flujo de información de interés público» e incide en que la Carta Magna reconoce el secreto profesional y la cláusula de conciencia (desarrollada por la ley orgánica 2/1997), además de que existe un anteproyecto de ley para «reforzar» específicamente la protección del mismo.
Díez se situó en el epicentro de la polémica desde que El Confidencial publicó unos audios en los que se la escuchaba hablar con empresarios inmersos en causas judiciales con la intención de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda a cambio de beneficios judiciales.
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