El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

El instructor Juan Carlos Peinado -en un auto de «transformación del procedimiento al tribunal del jurado» de seis páginas al que ha tenido acceso este periódico- anuncia su determinación de que la esposa del presidente del Gobierno se siente en ese banquillo para ser enjuiciada por los ciudadanos y que lo haga acompañada de la propia Cristina Álvarez (que actualmente sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno) y del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018. Martín en su declaración como imputado el pasado mayo se desvinculó por completo del nombramiento de la asesora al poco de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Peinado en su auto no detalla los indicios que le llevan a sentar en el banquillo a Gómez, Álvarez y Martín, pero cita a los tres el próximo sábado a las 18 horas en su despacho para comunicarles que si esta causa llega a enjuiciarse los tres tendrán que enfrentarse al jurado y no a un tribunal profesional.

En su resolución, Peinado, no obstante, deja claro que en su decisión de avanzar ya al cierre de este caso ha pesado el hecho de que el pasado 10 de septiembre tanto Gómez -que solo respondió a su abogado y a preguntas muy tasadas- como Álvarez -quien guardó silencio- se negaran supuestamente a esclarecer qué trabajos hizo realmente la asesora para la cátedra. «Ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados», recuerda el juez, quien pone en valor que las dos imputadas, por tanto, rechazaron «esgrimir argumentos en su descargo».

Según la interpretación del instructor, el puñado de preguntas que se avino a responder Gómez (todas ellas hechas por su abogado, el exministro socialista, Antonio Camacho) «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio», ya que –explica el juez- los correos electrónicos aportados a la causa a mediados de este septiembre por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, confirmarían que efectivamente Álvarez trabajaba para la controvertida cátedra extraordinaria. La mujer de Sánchez hace dos semanas defendió en el juzgado a preguntas de Camacho que Álvarez solo muy puntualmente hizo alguna gestión para la cátedra y solo como favor personal.

Esas vagas respuestas en el juzgado y esos mails remitidos por la Complutense, afirma Juan Carlos Peinado, han dado «verosimilitud» a las acusaciones de malversación de la figura de Álvarez, «que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta». Ahora, sin embargo, el juez cree nos «encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», lo que le permite la «trasformación de las diligencias previas» un «procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado».

En su declaración del 20 de diciembre de 2024, entonces solo como testigo, Álvarez sostuvo que únicamente ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. «Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la entonces testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.