Almeida renunció en el 2000 a pedir la libertad provisional porque se sentía «peligroso»

Cuando estaban a punto de cumplirse dos años del ingreso en prisión provisional de Francisco Javier Almeida debido a su participación en el 'crimen de la inmobiliaria', el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tuvo que tomar una decisión sobre la prórroga o no de su situación de privación de libertad, dado que la condena estaba recurrida y por tanto aún no era firme. Entonces, en un acto público, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal escuchó a las partes. El abogado de la defensa, Antonio Pérez Andrés, sorprendió no solo no pidiendo la libertad para el acusado, sino que aseguró no estar en contra de los argumentos de la acusación. También expuso que Javier Almeida (ya condenado a 30 años por la agresión sexual y muerte de María del Carmen López, la joven empleada de una inmobiliaria, pero pendiente de que se viera su recurso ante el TSJR), era «consciente de su situación» y se consideraba «un peligro para sí mismo y para terceros». Igualmente, señaló que no estaba preparado para reinsertarse en la sociedad y que precisaba tratamiento médico corrector para las patologías que padecía. Al final, lógicamente, se decretó la prórroga de su prisión provisional.

Por otro lado, durante la celebración del juicio, incluso Florián Gómez Soria (que en ese momento ejercía como defensor de Almeida) también habló sobre la peligrosidad de su cliente e incluso llegó a vaticinar «la muerte anunciada de otra persona, aunque aplazada». «Este señor volverá a hacer lo que ha hecho», aseguraba el abogado, mostrando su «disgusto» por «que no lo consideren un enfermo, para poder curarlo, y lo consideren un delincuente, sabiendo que volverá a matar».

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