La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios

En ese documento hecho público el pasado fin de semana y que reúne quince firmas de presidentes autonómicos populares, incluida la de Gonzalo Capellán, la única vez que se cita el IMV es para ligarlo «a la búsqueda activa de empleo». Aunque el contexto deja claro que desde el PP se desea mostrar al electorado una imagen de partido que desvincula inmigración de subsidios. «La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida», indica el texto. «Igualdad de derechos implica igualdad de deberes: la inmigración debe ser una palanca de cohesión, confianza y progreso compartido, no una carga para el sistema», se argumenta. Además, el documento del PP también denuncia «un uso creciente de las prestaciones sociales sin que sea necesario demostrar una aportación previa».

Estas declaraciones han causado malestar en los colectivos de inmigrantes, pero sobre todo han abierto el melón de un debate llamado a movilizar electorado en las próximas elecciones, especialmente en el encarnizado pulso por los votos que se prevé entre populares y Vox en las elecciones generales.

Lo primero que hay que dejar claro, en lo que respecta al IMV, es que para acceder a él es necesario un año de residencia legal y que, después, hay que justificar una situación de precariedad económica vía Agencia Tributaria o mediante informe de Servicios Sociales, tanto en el caso de españoles como de inmigrantes.

Pero es cierto que en cada comunidad los perfiles de beneficiarios son distintos y que, curiosamente, La Rioja destaca por la prevalencia de personas migrantes. Los últimos datos oficiales del ingreso mínimo vital en La Rioja señalan que en agosto de este año había 5.193 titulares de esta prestación (beneficiarios son más, ya que se incluye, por ejemplo, menores adscritos a estos titulares), de los que 3.436 eran españoles y 1.756 extranjeros, es decir, un poco más de un tercio del total.

¿Son muchos o son pocos? Si lo comparamos con el total de la población, la cifra resulta prácticamente idéntica a la española. Mientras que la media del país es de 1,55 perceptores por cada cien habitantes, la de La Rioja se sitúa en 1,58.

En lo que sí existe una diferencia clara es en la proporción entre beneficiarios nacionales y foráneos. En España el número de migrantes que recibe el IMV (en relación al total) es del 17%, lo que supone casi uno de cada seis. En comunidades como Andalucía o Extremadura, que presentan los índices más bajos del estado, estos porcentajes caen al 8,8 y al 5,8%, respectivamente.

Por su parte, La Rioja presenta la proporción más alta del país, con más de un tercio de las ayudas del ingreso mínimo vital destinadas a personas nacidas fuera de España (33,8%), por delante de regiones como Cataluña (33,4%) o de la ciudad autónoma de Melilla (30,9%).

Ese dato habla de una sociedad riojana en la que la pobreza se ceba con mayor fuerza en el colectivo inmigrante, que en ocasiones se encuentra con muchos más problemas para obtener un trabajo estable y regularizado que en otras regiones. Además de ser La Rioja una región con un especial peso de la población extranjera (un 15%, casi dos puntos por encima que la media). «Pero aquí no cabe la demagogia», zanja José Andrés Pérez, director de Cáritas en La Rioja. «Las condiciones para recibir las ayudas son iguales para todos. No existen privilegios. Hay leyes que marcan las condiciones y si las cumples, tienes derecho, hayas nacido en Albacete o en Senegal», añade. «Hablar de privilegios es seguir el discurso de las mafias migratorias que dicen a las personas que a su llegada a España va a tener todo tipo de ayudas. Eso es mentira», abunda Pérez.

Una inmediatez prometida que, además, contrasta con la habitual lentitud burocrática del país. En el caso del IMV, desde que se presentan todos los papeles hasta que llega la resolución suelen pasar unos siete meses de espera. «Aunque es una ayuda retroactiva, esa tardanza provoca que los solicitantes, que ya se encuentran en una situación muy delicada, deban recurrir a préstamos o a tirar de entidades sociales para afrontar su día a día», explica Marcos Montoya, técnico de Cáritas.

De momento y en sus cinco años de vigencia (se implantó en junio de 2020), el ingreso mínimo vital ha servido de sostén a 22.111 personas en La Rioja y su coste ha sido de 121,9 millones de euros.