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Están siendo jornadas muy intensas para la población migrante. El pasado martes entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería y, de manera casi ... paralela, desde el Gobierno estatal se volvía a poner sobre la mesa una regularización extraordinaria que afectaría a aquellas personas que han llegado a España antes del pasado 31 de diciembre. Una medida que llena de optimismo y de esperanza a los responsables de las organizaciones y entidades de La Rioja que apoyan a este colectivo, pero que al mismo tiempo provoca muchas dosis de cautela y expectación ante el desconocimiento de cómo y cuándo esas intenciones van a acabar convertidas en una realidad palpable.
No resulta sencillo conocer a cuántas personas afectaría esa regularización masiva, llamada por el PSOE «régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo», que ya se está negociando con el resto de los grupos parlamentarios. A nivel nacional, se apunta a que puede beneficiar a unas 500.000 personas, mientras que en el ámbito regional se estima que hay «entre 7.000 y 8.000» ciudadanos extranjeros sin papeles, según Samar Ali Parveen, presidente de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN).
Una parte de ellos podría beneficiarse de la flexibilización de ciertas condiciones para solicitar el arraigo, establecidas en el nuevo Reglamento de Extranjería, donde se incluye, por ejemplo, la reducción de tres a dos años del tiempo mínimo de estancia para adherirse a la opción del arraigo social. Sin embargo, entidades como Cáritas defienden que las nuevas directrices hacen que algunos colectivos de inmigrantes «pierdan derechos», fijando a los solicitantes de asilo como los más perjudicados. No en vano, si estos reciben una resolución negativa de su petición de protección internacional, no se les computara como tiempo de estancia en España el de la espera de la recepción de dicho dictamen. Su contador se pone a cero si después quieren optar al arraigo.
Una regularización extraordinaria podría servir para solventar ese tipo de lagunas y eso es lo que se pretende desde el Gobierno con un texto que tiene como sustento una Iniciativa Legislativa Popular que fue impulsada por diferentes organizaciones y entidades y que, en su día, contó con más de 600.000 firmas de apoyo. «Empezamos a recoger firmas en 2022 y la iniciativa se tramitó en 2023», recuerda el técnico de Cáritas Marcos Montoya, quien agradece que quieran «pisar el acelerador» en este terreno. «Es una buena noticia que se lo estén planteando porque hasta ahora siempre se ha ido retrasando», insiste.
Todos ven positivo que el tema ya esté sobre la mesa, pero nadie quiere lanzar las campanas al vuelo hasta saber si terminará saliendo adelante y, si lo hace, cuáles serán las condiciones y requisitos establecidos. Desde las organizaciones que trabajan con las personas sin papeles en La Rioja se espera que estas dudas tengan respuesta «cuanto antes» y, hasta entonces, seguirán con la labor que vienen realizando hasta la fecha. «La sociedad riojana siempre ha sido muy solidaria con ellos y les entrega desde material escolar hasta alimentos, pasando por ropa o incluso colchones y camas», enumera Samar Ali Parveen. «No tenían ninguna salida y les apoyamos en lo que podemos», concluye.
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