El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación

Con el dinero ya sobre la mesa, era el turno de convertir el plan en contratos, un procedimiento siempre costoso y complejo, mientras el edificio continúa su tramitación. Semanas después se abrió un proceso de adjudicación en vía de urgencia ya que las bases de un proyecto que va a ser financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ese maná europeo llegado tras la pandemia, tenían una fecha límite: el 30 de junio de 2026. El propio Ejecutivo justificaba la premura en «la complejidad de los trabajos y prestaciones a realizar» con un plazo de doce meses por lo que se debería «comenzar la ejecución correspondiente en el primer semestre de 2025».

Dentro de plazo comenzaban a tomar forma los tres grandes lotes que vertebran el proyecto Nueva Economía de la Lengua y la incubadora de proyectos emergentes en Inteligencia Artificial y tecnologías del lenguaje. El primero, el más enjundioso, se licitaba por 11,6 millones de euros y comprendía el desarrollo del espacio de datos y la creación de un corpus oral en castellano. El segundo, que debía sufragar un superordenador, programas informáticos y servidores se estimaba en 2,5 millones. Y el tercero, la asistencia técnica y supervisión, ascendía en 240.000 euros. A fecha de hoy, solo se ha podido adjudicar este, a la empresa Inetum España por 218.000 euros.

En el segundo, el del superordenador, ninguna empresa ha presentado ofertas por lo que ha quedado desierto, lo que supone un varapalo para un plan que, entre otras cosas, está luchando contra el reloj. Fuentes del sector explican que los costes de lo requerido superaban con creces el presupuesto, en un mercado además que no cuenta con demasiadas empresas capaces de afrontar ese reto tecnológico. Volver a licitar supone un retraso de difícil encaje en un calendario ya cogido con hilvanes.

Y el primero, el de 11,6 millones, se encuentra actualmente en suspenso. El Gobierno de La Rioja contaba con dos ofertas de dos uniones temporales de empresa muy potentes. Una reunía a Telefónica, UNIR, Grupo Hiberus Osaba y RIAM. La otra a Kyndryl (nacida de IBM) y Bosonit. La mesa de contratación decidió excluir a Kyndryl y Bosonit por «el incumplimiento de ciertos requisitos técnicos mínimos establecidos» y elegir a Teléfonica-UNIR por 11 millones. Esa decisión ha provocado que Kyndryl (mayoritaria en la UTE) y Bosonit hayan presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central que fue aceptado el 31 de julio y que todavía no está resuelto (el plazo máximo es de dos meses). «El departamento legal de Kyndryl ha considerado que la exclusión no está justificada y se recurre para saber si tiene razón y para que se valoren las dos propuestas», explica Manuel Sáenz Barrio, CEO de Bosonit.

Es decir, a la espera de que se decida sobre esa medida cautelar, de los 14,4 millones que tenían que haber sido ya adjudicados, solo se han asignado 218.000 euros, un 1,5% del total.

Por parte del Gobierno regional se explica que los recursos son habituales y que desde la Administración «se respetan este y el resto de procedimientos administrativos en curso, así como el criterio de los técnicos que forman parte de las mesas de contratación» y que se está «a la espera» de conocer la decisión del Tribunal Administrativo.