La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones

El saldo en La Rioja siempre es negativo y por lo general ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de comunidades que más dinero tiene que desembolsar por este concepto. Una de las principales razones que lo explican es que no sólo incluye la atención de los riojanos cuando están de vacaciones en otras zonas del país, sino también porque aquí no hay suficiente masa crítica para contar con todas las especialidades.

El Gobierno regional aceptará la factura que está pendiente de liquidación por parte del departamento que dirige Mónica García, a diferencia de lo que ocurre con el País Vasco, en plena batalla con la Administración central, que ha anunciado que frenará el pago de los 51 millones que le reclaman por la atención a la población vasca en otras regiones. Una decisión que adoptará porque considera que el criterio que sigue el Ministerio para hacer el cálculo es «erróneo» y «abusivo».

La Rioja no siempre ha estado conforme. Al contrario. El pasado año, el Ministerio reclamó a esta región 27.475.967,85 euros por los diez años anteriores, una cifra con la que el Ejecutivo no está de acuerdo porque considera prescritos los seis primeros, unos 14 millones de euros. Sin embargo, sí asumía el coste de los cuatro siguientes, algo más de 13 millones. Los servicios jurídicos de la Comunidad recurrieron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Sanidad del 30 de abril de ese año en el que se aceptaron los saldos positivos y negativos que las autonomías habían acumulado en esos diez años.

Paradójicamente La Rioja votó a favor del acuerdo, aunque condicionó su sí a que se dieran por prescritos los años 2013 a 2018. Así se reflejó en el acta, que ni estaban de acuerdo con el abono de los diez años ni con que no se revisara el Fondo de Garantía Asistencial que no se actualizaba ni se aplicaba desde 2013. Así fue hasta que el Gobierno de España, «sin avisar y mediante una disposición adicional en la última Ley de Presupuestos aprobada, lo recuperó y además con carácter retroactivo, en una propuesta que no estaba informada, consensuada ni tampoco revisada», explican desde la Consejería de Salud.

Es el Sistema Nacional de Salud el que marca que debe ser la comunidad de origen del paciente la que pague las facturas que se generen por la asistencia recibida a través del Fondo de Garantía Asistencial o mediante el de Coherencia Sanitaria, ambos dependientes del Gobierno central.

A día de hoy, el Gobierno regional sigue pendiente de la resolución de la Audiencia Nacional, de que se pronuncie respecto de los seis años que considera prescritos. Aún así, el año pasado La Rioja desembolsó los 27,4 millones que le reclamaba Sanidad, después de que la Audiencia negara las medidas cautelares solicitadas por la Administración riojana, que reclamaba la suspensión del pago del importe anterior a 2020. El tribunal alegó que «en el conjunto de la financiación anual de la Comunidad la cifra indicada supone un importe poco relevante».

A la espera de que la Audiencia Nacional responda a la cuestión mollar del recurso, desde el Ejecutivo aseguran que de prosperar finalmente reclamarán al Ministerio de Sanidad la cantidad abonada.