Los juzgados riojanos viven sin incidencias la primera jornada de huelga de jueces y fiscales

La falta de datos oficiales se debe a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal, y no hará recuento. Decisión a la que se sumó la Fiscalía General del Estado, que tampoco ha ofrecido cifras.

Por lo demás, la actividad de servicios mínimos, es decir, causas con preso, asuntos de familia, de violencia de género y menores, ha continuado con normalidad, lo mismo que los juicios previstos en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ahora bien, los pasillos del palacio de Justicia estaban este martes algo menos concurrido que en días pasados.

Los jueces y fiscales, que también pararán este miércoles y jueves, protestan por las reformas del Gobierno. Por un lado por la cesión de la instrucción a la Fiscalía, y por otro, por el nuevo acceso a la carrera judicial para frenar la alta interinidad en el empleo público. Para los jueces esta última medida es un agravio comparativo frente a los que en su momento estudiaron de media cuatro años a tiempo completo para sacar la oposición, más un año en la escuela judicial y otro de prácticas pasando por todas las jurisdicciones. La ley que prepara el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece lo que consideran un 'atajo' para convertirse en juez. Ambas reformas se encuentran en tramitación y con las tres jornadas de huelga, los jueces y fiscales persiguen evitar que salgan adelante sin una negociación previa con las asociaciones.

Los abogados riojanos viven con preocupación la convocatoria de las tres jornadas de huelga y «con la evidencia de que otra vez vamos a ser junto a los ciudadanos los grandes perjudicados», apunta el decano de los letrados riojanos, Federico Bravo.

La huelga va a suponer, «otra vez», la «paralización» de la Administración de Justicia y «afecta fundamental a los ciudadanos y a los profesionales de la abogacía». Antes de la huelga, los abogados solicitaron que se avisaran con al menos 24 horas de antelación las suspensiones de vistas para evitar que los ciudadanos tuvieran que trasladarse inútilmente, incluso en algunos casos desde otros municipios, a los juzgados. «Estos son daños evitables porque suspender una vista es compatible con el derecho de huelga» y al final «convierten a los ciudadanos y a los profesionales en reos de esta situación y esto es algo difícil de aceptar». Los contactos institucionales para intentar evitar o paliar los perjuicios que ocasiona que no haya un preaviso de las suspensiones han sido infructuosos.

La situación de la Justicia era «mala» porque al deterioro que sufrió por el covid le siguieron las sucesivas huelgas –antiguos secretarios judiciales y funcionarios– y ahora la de jueces y fiscales. «No hemos sido capaces de levantar cabeza con todos esos problemas y ahora, a los problemas tradicionales se suma un cambio sustancial», se refiere e la entrada en vigor hoy mismo de los dos tribunales de instancia en La Rioja. Si ningún momento es bueno para que la Justicia se paralice, «este es especialmente malo por la propia situación y por las importantísimas novedades que justo en estas fechas tenían que entrar en vigor», señala.

Los procuradores, por su parte, «comprenden los motivos y la reivindicación que han llevado a esta convocatoria, sin olvidar las consecuencias para los ciudadanos», explica la decana Mirian Ayala. Una vez desconvocado el paro, «nos pondremos en la mejor disposición para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia», apunta.