Jueces y fiscales riojanos se suman desde este martes a la huelga contra la ley Bolaños
Protestan por la reforma que pretende dar la instrucción a los fiscales y por el «agravio» que supone la estabilización de unos 1.000 jueces
Desde este martes y hasta el jueves jueces y fiscales de La Rioja se sumarán a la huelga convocada a nivel nacional en protesta por ... los proyectos legislativos del Gobierno que reforman el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal. «Es una ley que está en proceso de tramitación y se trata de evitar que se apruebe sin la previa negociación con las asociaciones judiciales», explica la decana de los jueces riojanos, María Cecilia de la Iglesia.
Las tres jornadas de paro, convocadas por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales, responden al rechazo a dos cuestiones clave. Por un lado, la ley incluye que la instrucción penal la lleven los fiscales y «si siempre ha habido una cierta suspicacia» por la forma que se ha elegido al fiscal general del Estado y «cierta sospecha» de que existe una «afinidad» política entre el máximo representante de los fiscales y el Gobierno que le nombra, «esta reforma ahonda más en esa relación de dependencia», apunta De la Iglesia. Que la instrucción de ciertos delitos, como el de corrupción, quede en manos del fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno, «genera más suspicacias».
La segunda cuestión clave es el acceso a la carrera judicial de más de 1.000 jueces que son los que pretende estabilizar el Gobierno «por el mero hecho de haber estado cinco años haciendo funciones de sustitutos sin que muchas veces tuvieran la formación y especialización correspondiente». La decana cree que se trata de un agravio comparativo frente a los jueces que en su momento estudiaron de media cuatro años a tiempo completo para sacar la oposición, más un año en la escuela judicial y otro de prácticas pasando por todas las jurisdicciones.
El fin último de la huelga es que el ciudadano «sea consciente de lo que se está jugando», «que las injerencias del poder político y la posibilidad de que sean designados a dedo 1.000 jueces es una gran injerencia en la independencia judicial» que al final «a quien no beneficia es al ciudadano».
La protesta ha sido organizada por cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
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