Dos tormentas sobre Cuba: 'Melissa' y la Asamblea General

La mayoría apoya esa resolución porque las sanciones, en especial en su vertiente extraterritorial, chocan con principios del orden internacional y generan costes que desbordan la relación bilateral. No es solo comercio. Bancos, navieras y aseguradoras evitan operaciones por temor a sanciones, lo que bloquea transferencias y donaciones. Por ello, año tras año, la Asamblea reitera su petición de levantar el bloqueo.

En el caso de América Latina, la región ofrece esta vez una fotografía menos compacta: Argentina y Paraguay se ubicaron entre los votos negativos y Ecuador y Costa Rica se abstuvieron. El giro contrasta con tres décadas de apoyo casi unánime. Pesan realineamientos ideológicos, mayor sintonía con la agenda de seguridad de EE UU y una presión diplomática visible, además del desgaste de apoyos a La Habana por la crisis y el estancamiento reformista. En países como Argentina, el voto rompe tradiciones recientes de acompañamiento a la resolución; en otros como Ecuador, altera una trayectoria sostenida de respaldo. El apoyo regional sigue siendo mayoritario, aunque menos monolítico.

La coincidencia con el huracán 'Melissa' añade una dimensión ética. En situaciones de desastre, las restricciones financieras y comerciales tienden a agravar cuellos de botella logísticos y de pagos, incluso cuando existen licencias humanitarias. La ayuda tarda más, los seguros se encarecen y se complican compras urgentes de combustible, equipos o medicinas. No es solo un debate jurídico o geopolítico, sino una cuestión de responsabilidad internacional ante eventos climáticos cada vez más frecuentes en el Caribe.

Conviene recordar el trasfondo. En los años 90 el bloqueo se endureció mediante disposiciones con efectos fuera de las fronteras estadounidenses. Esa extraterritorialidad generó fricciones con aliados y mecanismos de protección en otras regiones, pero muchas empresas prefieren evitar riesgos y se retiran. El sistema de incentivos empuja a una sobreactuación del cumplimiento y dificulta la acción humanitaria.

Todo ello interactúa con dinámicas sociales y migratorias. Las remesas tropiezan cuando bancos intermedian pagos vinculados a Cuba. Universidades y centros de investigación encuentran trabas para adquirir insumos. Organizaciones civiles reportan demoras para recibir donaciones o importar equipamiento. Proyectos de cooperación se ralentizan por dudas de proveedores que prefieren no exponerse. Esto no explica por completo la crisis, pero añade fricciones.

La otra cara del problema es política. Washington interpreta el debate en la ONU como una maniobra para desviar la atención de las deficiencias internas de Cuba y preserva el régimen sancionador. Con todo, su eficacia práctica se ha ido diluyendo y el coste reputacional aumenta ante una mayoría de Estados que lo juzga. En La Habana, la estrategia de aguante a la espera de un viraje externo ha mostrado sus límites sin un paquete de reformas que libere iniciativa económica y mejore la gobernanza.

La comunidad internacional insiste en que el bloqueo debe concluir. Estados Unidos mantiene el enfoque restrictivo y lo justifica en la situación interna de la isla. Con este telón de fondo, el camino es dual: en Washington, revisar la eficacia, proporcionalidad y objetivos verificables del sistema de sanciones; en Cuba, acelerar cambios económicos y políticos que ensanchen los márgenes de cooperación y reconstruyan confianza.

La imagen final es clara. Pese a los reacomodos regionales y apoyos adicionales a Washington, 165 Estados pidieron terminar un régimen de sanciones que muchos consideran incompatible con el orden internacional y poco eficaz para promover transformaciones. La política quizá no cambie de inmediato, pero el estándar normativo que proyecta la comunidad internacional vuelve a fijarse con nitidez. Entre reformar por dentro y aliviar por fuera existe un terreno común de responsabilidad compartida. La temporada de huracanes recuerda que ese terreno no es abstracto, sino urgente.