Una generación en juego
Si existe ahora una problemática en el país que apremia a una colaboración de Estado es la de la vivienda
La vivienda seguirá siendo un problema para los españoles en 2026. Se prevé que, a pesar de que el euríbor experimentará subidas de entre el ... 2% y el 3% y los precios aumenten entre el 5 y el 8 % en las compraventas y el 7 y el 10 % en los alquileres, la demanda seguirá incrementándose. Los expertos calculan que podrían firmarse más de 500.000 de hipotecas en el próximo año, un 5 % más que en 2025. Más que una burbuja inmobiliaria, nos encontramos ante un mercado inflacionario en perpetua expansión. O, si realmente hay una burbuja, todavía no está llamada a explotar. La única novedad ante el nuevo ejercicio es que predominarán los tipos fijos y crecerá el protagonismo de los bancos medianos, que buscarán ofrecer mejores ofertas a cambio de la contratación de productos vinculados: a mayor solvencia económica, menos productos vinculados para firmar una hipoteca; a menor solvencia, más requisitos para firmar. Más allá de los perfiles con altos ingresos o ahorros, son muchos –especialmente jóvenes– los que verán sus solicitudes rechazadas por el aumento del precio de la vivienda y de los tipos hipotecarios. También sufrirán los que ya estén hipotecados a tipo variable, con préstamos cuyo precio se irá encareciendo progresivamente a medida que suba el euríbor.
La Constitución exige a los poderes públicos promover las condiciones adecuadas para que los ciudadanos disfruten de una vivienda digna. Las causas de la imposibilidad actual de cumplir el mandato constitucional son muchas: las crisis de los últimos años han mermado el poder adquisitivo de la ciudadanía, el desempleo español sigue siendo el más alto de la UE, la especulación ha disparado el precio en los centros de las ciudades, la inflación ha ahogado la subida gradual de los salarios, el repunte de la población –en gran medida a través de la inmigración– no ha sido compensado por la construcción de nuevas viviendas. Más de dos años después de la aprobación de la ley de vivienda con sus socios de izquierda, el Gobierno ha de asumir que, más allá de sus críticas a los obstáculos de las comunidades del PP en uso de sus prerrogativas autonómicas, la normativa no solo no ha contenido las pulsiones de un mercado desbocado, sino que ha generado efectos contraproducentes. Si hay una problemática que apremie a una colaboración de Estado es ésta. Porque, entre otras cosas, nunca ha parecido tan próxima a destruir las expectativas vitales de una generación.
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