Sánchez defiende que gobernará hasta el 28-A pero llena ya su agenda de mítines

Sánchez participa este lunes en un acto en Granada. / EFE

Sólo Aznar envió en 2000 a una Diputación Permanente un decreto ley de carácter político, como los que ahora defiende el Ejecutivo

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

«Lo han hecho todos los Gobiernos y si sirve para beneficiar a la ciudadanía se seguirá haciendo, porque el Gobierno no está en funciones». Es el argumento que vienen empleando el PSOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar su decisión de seguir aprobando modificaciones legislativas de significativo calado político mediante decretos leyes aun con las Cortes disueltas por el adelanto electoral. Este lunes, lo hizo el portavoz del Comité Electoral socialista, Felipe Sicilia. La primera parte de la premisa es, cuanto menos, inexacta. La segunda es cierta, pero en la práctica muy matizable.

El Gobierno no entra técnicamente en funciones hasta las elecciones. Sin embargo, el día a día del presidente del Gobierno ya está centrado fundamentalmente en la campaña electoral. No hay más que mirar su agenda. Este lunes, tras firmar el decreto por el que este martes quedarán disueltas las Cámaras y convocadas las elecciones para el 28 de abril, Sánchez partió a Granada para protagonizar un acto del PSOE. Este martes hará lo mismo en Ávila. Este miércoles, en Vitoria. El jueves, en Ciudad Real. El sábado, en Valladolid y el domingo en La Coruña y Vigo.

El viernes -en el que se reúne el Consejo de Ministros para, previsiblemente, sacar nuevos decretos leyes que le permitan aprobar, rápidamente y sin posibilidad de modificación, medidas de carácter social recogidas en su programa político- es el único día de esta semana en el que el presidente no participará en un acto de partido. Pero muchos miembros del Gobierno y de la dirección del PSOE tienen previsto sumarse a las manifestaciones del 8 de marzo, a las que conceden una gran importancia en términos de movilización de su electorado.

La campaña no comienza, oficialmente, hasta quince días antes de los comicios. Y, sin embargo, es tan obvio que el clima está ya contaminado por la proximidad de la cita con las urnas, que la propia ley electoral, la Loreg, fija en la jornada en la que se convocan las elecciones (en este caso, hoy) el momento a partir del cual «queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos» o la celebración de «cualquier acto financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o los logros obtenidos». Una previsión que busca evitar el ventajismo del partido en el poder.

Recursos

El líder del PP, Pablo Casado, ratificó este lunes su intención de acudir a la Junta Electoral central, que supervisa la limpieza del proceso, para denunciar los decretos leyes que Sánchez quiere aprobar de aquí al 28 de abril. Y no descartó acudir también al Tribunal Constitucional para cuestionar que las normas que el Gobierno quiere someter a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso (un órgano interino) respondan a los criterios de «extraordinaria y urgente necesidad» fijados en el artículo 86 de la Carta Magna.

Incluso la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, entró este lunes al trapo. «No ha pasado en ninguna legislatura. Cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones -dijo en la COPE-. Ningún Gobierno puede ir dopado a unos comicios, se tiene que ir en igualdad de condiciones». Sicilia, el portavoz socialista, no perdió la oportunidad de replicar que «el único partido que ha ido dopado a las elecciones es el PP», con la financiación de la 'Gürtel'. Pero pullas al margen, la hemeroteca avala 'grosso modo' la afirmación de Ana Pastor.

En sus distintos mandatos, Felipe González sometió en total 16 decretos leyes a la Diputación Permanente una vez disueltas las Cortes. Ninguno respondía al desarrollo de su propio proyecto político (van desde la prórroga presupuestaria a la trasposición de directivas comunitarias para evitar multas, el cumplimiento de una sentencia del Constitucional o la aprobación de créditos que irían 'de oficio'). José Luis Rodríguez Zapatero aprobó seis, también casi imperativos (en 2011 por la crisis). Mariano Rajoy uno, para reparar los daños de un temporal en Canarias.

Sí hay, con todo, un caso similar al de Sánchez en la historia reciente. Y lo protagonizó José María Aznar en 2000. El viernes anterior a la firma del decreto de convocatoria de los comicios, el expresidente del PP aprobó un real decreto ley para aumentar la prestación de la Seguridad Social por hijo menor de 18 años a cargo y para establecer dos nuevas prestaciones, una por nacimiento del tercer hijo y posteriores y otra para los supuestos de parto múltiple. Paradojas de la política.

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