La Policía cree «a todas luces evidente» que Alvise recibió 100.000 euros para financiar su campaña

El informe de 42 páginas de la Comisaría General de Información, en el marco de la causa en la que se investiga la posible existencia de un delito de financiación ilegal de SALF y al que ha tenido acceso este periódico, desmienten por tanto la versión del parlamentario europeo, quien el pasado julio negó ante el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar que el dinero que recibió de Romillo fuera para engordar las cuentas de su formación. Defendió entonces que gastó esa partida en cuestiones personales como viajes y otros asuntos. Es más, llegó a asegurar que esos 100.000 euros no tenían relación con su partido porque fueron el pago por una charla de media hora sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid.

En el documento policial, los agentes analizan las conversaciones que Alvise y Romillo mantuvieron en la aplicación de mensajería Signal (el segundo entregó de forma voluntaria su terminal móvil para el volcado) y concluyen que «no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio» por parte del eurodiputado al empresario «o a sus estructuras societarias adscritas, como habría manifestado Pérez».

Insiste la Policía en que la «génesis» de ese pago se produjo siempre «bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo en junio de 2024», en las que logró más de 800.000 votos y tres escaños. Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus «expectativas de negocio» de cara a «involucrar» a los seguidores de Alvise como clientes de sus servicios financieros, aunque Romillo «siempre fue consciente» de que sus acciones «conducirían» a financiar al político y a su formación.

Los agentes de la Comisaría General de Información insiste en que los 100.000 euros en efectivo entregados sin fiscalizar jamás fueron concebidos como el pago de un servicio, sino que desde el principio formaron parte de un «proceso de ocultación, transformación e integración entre activos, que es propio del blanqueo de capitales o en este caso de la financiación ilícita de partidos», atestigua el informe fechado el pasado 30 de agosto.

Romillo está acusado en la Audiencia Nacional de ser el responsable del «chiringuito financiero» Madeira Invest Club (MIC), que cerró abruptamente en septiembre de 2024 y dejó a cientos de inversores sin sus ahorros tras cancelarse los depósitos que disponían en Portugal y quedarse sin liquidez.

El estafador confeso, por su parte, manifestó en su declaración como investigado que entregó el dinero a Alvise para la campaña electoral, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal de su chiringuito financiero.

El atestado judicial, además, recalca que Alvise en un primer momento ofreció a Romillo cobrar los 100.000 euros entregados de forma previa a través de una sociedad llamada Somos Libres SL, que está siendo investigada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) tras recibir una alerta de una entidad financiera. Esta sociedad también fue utilizada por el eurodiputado para cobrar otros 7.000 euros de otro empresario.

"Esta casuística propuesta por Pérez, consiste en introducir capitales en una sociedad en base a simular que es una operación económica real, ha sido tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada", señala la Policía, que no descarta que las cantidades inyectadas para la financiación pudieran haber sido más elevadas, porque Alvise le manifestó a Romillo el 14 de mayo de 2024 que necesitaba fondos de manera urgente, entre 300.000 y 360.000 euros, para los gastos de la campaña.