El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

No es ya que las posibilidades de sacar adelante la reducción de la jornada laboral –la medida estrella de Yolanda Díaz a la que Junts plantea desde el primer momento serias objeciones– sean muy reducidas. En la dirección del grupo parlamentario socialista tampoco se atrevían este viernes a dar por seguro que dispondrán de los votos necesarios para convalidar el real decreto ley que Sumar logró arrancar, tras muchas presiones, a Sánchez para ampliar los permisos parentales retribuidos y calmar «la angustia» del electorado progresista por la falta de avances en la agenda social tras dos años de legislatura y en pleno mazazo anímico por el 'caso Cerdán'.

El último pleno de julio, al que el Gobierno trató de llevar solo iniciativas que creía de fácil consenso, ya se saldó con una estocada de Junts y Podemos que, junto al PP, tumbaron el real decreto ley 'antiapagones'. Los posconvergentes incluso votaron en contra de la actualización de los anticipos a cuenta a las comunidades autónomas y las entidades locales (que sí resultó aprobada). La formación de Carles Puigdemont no ocultó entonces que su posición tenía menos que ver con el contenido de los textos que con su malestar por lo que considera incumplimientos de lo pactado en clave identitaria a cambio la investidura. En concreto, la oficialidad del catalán en la UE y la aplicación de la ley de amnistía a su líder.

A la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva en los próximos meses el recurso de amparo que Puigdemont presentó contra la decisión del Tribunal Supremo que le impidió beneficiarse del olvido penal, el gesto del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el martes se desplazó hasta Bruselas para reunirse por primera vez con el 'expresident', manda el mensaje de que los socialistas sí lo consideran restituido políticamente, aunque el propio Sánchez siga posponiendo una cita a la que, en todo caso, se ha mostrado ya en varias ocasiones dispuesto. Pero nada hace pensar que Junts lo considere suficiente.

Algunos en el PSOE admiten que la afirmación del jefe del Ejecutivo de que no convocará elecciones ni siquiera en el supuesto de que le tumben las Cuentas complica las cosas porque puede suponer un desincentivo a su aprobación para quienes, como Junts pero también ERC –que supedita su disposición a la materialización de la financiación singular de Cataluña–, no tienen en el fondo interés en que la legislatura concluya anticipadamente, como quedó demostrado antes del verano, cuando, pese al impacto generado por la imputación por corrupción del número tres del PSOE, ni un socio presionó para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza.

Lo cierto es que, entre los aliados de investidura, hay dudas de que realmente el Gobierno vaya a continuar sí o sí. Algunos incluso las expresan en público. El líder del PNV, Aitor Esteban, no descartó esta semana que, si ve que por la gestión de los incendios o algún otro asunto «la demoscopia le acompaña», Sánchez opte por disolver las Cámaras. Y Podemos también se ha mostrado alerta. En el propio seno del Gobierno hay quien admite que la mera presentación de los Presupuestos sirve para exponer ante el electorado una suerte de programa, aunque el discurso oficial siga siendo, como arguyó Sánchez el lunes, que ir a elecciones sería «irresponsable» y que su obligación es seguir «transformando» el país.

Es esa capacidad de transformación, en todo caso, la que está en cuestión. En lo que va de curso político, Sánchez ha propuesto un 'pacto de Estado' para hacer frente a la emergencia climática que incluso Sumar ve con recelo; el Consejo de Ministros ha dado un primer paso para aprobar una quita de la deuda a las comunidades autónomas que cumple con las exigencias de ERC pero tampoco tiene hoy por hoy votos para superar una tramitación parlamentaria, y la dirección del PSOE se ha marcado entre sus prioridades la aprobación de una norma para abolir la prostitución que genera resquemores a izquierda y derecha.

El ala socialista del Gobierno se afana en relativizar su precariedad parlamentaria y, en un análisis más cuantitativo que cualitativo, insiste en que en lo que va de legislatura ya ha aprobado 42 leyes y ha cumplido el 45% de sus compromisos. La vicepresidenta segunda ha optado por otra estrategia. Su empeño es pedir a los ciudadanos progresistas que tengan en cuenta que ella ha hecho su trabajo y que el problema está en lo que hay enfrente. «Unos estamos aquí para hacer el bien y otros para hacer el mal», adujo esta semana.