En directo | El juicio a García Ortiz evidencia un conflicto total en la jefatura de la Fiscalía de Madrid

Finaliza la declaración de Almudena Lastra, dando lugar al último testigo del día, el fiscal Diego Villafañe

La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra de Inés, a su salida del Tribunal Supremo. EFE

Comparece el último testigo del día, el fiscal Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. El funcionario también llegó a estar investigado en la causa, pero no fue procesado por revelación de secretos.

Almudena Lastra reitera que le preguntó al fiscal general el 14 de marzo de 2024 por la mañana sobre la filtración de los correos la noche anterior: «Me llamó y cuando colgué antes de darle incluso los buenos día le espeté, no lo recuerdo ahora bien, porque he perdido memoria, si había (García Ortiz) o habían (desde Fiscalía General) filtrado los correos. Pero dije esto, seguro, porque se me quedó grabado en el alma».

«¿Has filtrado los correos?». Almudena Lastra le preguntó la mañana del 14 de marzo al fiscal general por el mail de la defensa de González Amador sobre la confesión de los delitos fiscales. «Eso ahora no importa, hay que sacar ya la nota», le respondió el fiscal general para desmentir el «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez. Un testimonio relevante en la sesión vespertina del juicio a García Ortiz.

Concluye la declaración de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a su salida de la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado. EP

Concluye la declaración de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Comienza la testifical de Almudena Lastra, la máxima responsable de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Lastra admite que el día 7 de marzo de 2024 conoció el expediente fiscal de la empresa del novio de Ayuso, pero ordenó que el gabinete de comunicación no informara sobre la denuncia del Ministerio Público. Cinco días después estalló el caso.

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha exhibido sus profundas diferencias con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra, y ha asegurado que al correo de la defensa de González Amador -revelado el 13 de marzo de 2024- pudieron acceder de forma previa medio millar de funcionarias y fiscales, entre ellos 16 integrantes de la Fiscalía de delitos económicos.

La fiscal jefe Pilar Rodríguez asegura en su declaración como testigo que su colega Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, le dijo sobre la filtración a la prensa del expediente tributario de Alberto González Amador que lo habían hecho desde la Fiscalía General del Estado. «Me dijo, éstos lo han filtrado», afirma Rodríguez, que sugiere que desde el departamento de comunicación de la Fiscalía de Madrid se paralizó una nota pública sobre la situación judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Se reanuda el juicio al fiscal general. Declara la segundo testigo, la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada pero no fue procesada. El abogado de González Amador interroga sobre la petición de información por parte de García Ortiz.

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El fiscal Salto reconoce ahora que pudo revelar a sus superiores la oferta de pacto del abogado de la pareja de Ayuso el día 12 de marzo de 2024, es decir, un día antes de la presunta revelación del correo que se juzga en el Tribunal Supremo.

Salto cuenta que el 13 de marzo de 2024 a las 21:26 horas (día clave sobre la presunta revelación de secretos del fiscal general) recibe una primera llamada de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, para preguntarle por el expediente a González Amador tras conocerse en prensa los hechos. Lastra no le dio demasiada importancia ni requirió urgencia. Posteriormente, 20 minutos después, es la fiscal jefe provincial quien le llama para conocer los pormenores de la negociación con el abogado del empresario.

El fiscal Salto, primer testigo del juicio, comenta que antes de que le pidieran sus jefes información sobre el expediente tributario a la empresa de González Amador enmarca el intercambio de correos como algo habitual, sin una trascendencia especial, porque entonces desconocía que el comisionista era pareja de Díaz Ayuso.

Julián Salto, primer testigo del caso contra el fiscal general.

Comienza la prueba testifical. El primero en comparecer es el fiscal de delitos económicos Julián Salto, con quien la defensa de González Amador, el abogado Carlos Neira, se intercambió varios correos sobre un posible pacto de admisión de los delitos fiscales cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Se reanuda el juicio. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, admite la prueba documental pedida por las partes para la valoración de los hechos y deja para la sentencia las cuestiones sobre las presunta vulneración de derechos fundamentales.

El tribunal juzgador interrumpe el juicio al fiscal general para deliberar las cuestiones previas planteadas por las partes. La vista se reanuda a las 13 horas.

Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de Alberto González Amador. Efe

El abogado del Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en la causa al fiscal general, defiende a capa y espada que no ha habido vulneraciones de derechos de García Ortiz. «No hay indefensión de ninguna clase». Asegura que se ha tratado de una instrucción «modélica» por parte del magistrado Ángel Hurtado.

Enmienda a la totalidad de la teniente fiscal del Supremo al tribunal juzgador: defiende que esta sala no puede juzgar a García Ortiz porque cinco de sus siete integrantes ya se pronunciaron sobre los hechos cuando integraron la Sala de Admisión que acordó abrir una causa penal al aforado.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene como la abogada del Estado que la entrada y registro del despacho del fiscal general por parte de la UCO «fue inconstitucional»

La abogada del fiscal general sostiene que el auto de procesamiento que considera «indicio relevante» el borrado del móvil por parte de García Ortiz vulnera radicalmente su «presunción de inocencia», porque no se ha podido probar la naturaleza de la citada eliminación de sus comunicaciones.

«No hay indicios de que el fiscal general del Estado recibiera consignas políticas de Presidencia de Gobierno» para revelar el correo de la defensa de González Amador, sostiene su abogada Consuelo Castro. «Es hoy en día que no sabemos qué filtró García Ortiz, de qué tiene que defenderse», prosigue la abogada del Estado.

Derechos que se han vulnerado del fiscal general en la fase de instrucción, según su defensa: derecho a la intimidad, a un proceso justo con todas las garantías y a la presunción de inocencia, porque se trató de una instrucción «prejuiciosa y sesgada», que partió de la base de que García Ortiz era culpable.

Los magistrados del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena. Efe

Castro sostiene que el acceso autorizado por el juez Hurtado a los dispositivos del fiscal general, la intención de intervenir elementos de su intimidad recogidos en sus dispositivos electrónicos personales y profesionales, vulneró derechos fundamentales del procesado.

La abogada del Estado Consuelo Castro, en defensa de García Ortiz, reclama al tribunal varias nulidades por parte del instructor del caso, Ángel Hurtado, entre ellos el auto de entrada y registro a su despacho de la Policía Judicial el 30 de octubre de 2024. «Fue una incautación indiscriminada, más allá de lo que reflejaba la orden del juez»

La teniente fiscal del Supremo, que defiende la absolución de García Ortiz, considera que el Gobierno de Díaz Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez y el diario El Mundo construyeron un «relato deliberado para perjudicar al fiscal general del Estado»

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pregunta al fiscal general del Estado si reconoce los hechos de la acusación leídos por la letrada de la administración de Justicia y éste contesta que «no».

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogado durante la primera jornada del juicio. Efe

Comienza el juicio. El fiscal general se sienta en estrados para evitar la imagen del banquillo. Álvaro García Ortiz se sitúa junto a la Abogacía del Estado (su defensora) y la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de una imagen inédita.

Todo este juicio, en el que el fiscal general se enfrenta a peticiones de prisión de hasta seis años de cárcel, gira alrededor de lo ocurrido la noche y la mañana del 13 y 14 de marzo de 2024, cuando se filtró el contenido del mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Las acusaciones populares, particular y el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, sostienen que García Ortiz fue el responsable de filtrar a la prensa ese correo electrónico.

La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas. En este tiempo comparecerá una cuarentena de testigos, amén del imputado, cuyo interrogatorio está programado para el miércoles de la semana que viene. García Ortiz tendrá la ventaja de declarar conociendo ya el testimonio de todos los protagonistas de este caso.

Jornada histórica este 3 de noviembre de 2025 en el mundo judicial español. Por primera vez, un fiscal general del Estado, y además en ejercicio, se sienta en el banquillo de los acusados. El juicio contra Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos, empieza hoy en el Tribunal Supremo.