El corsé del 99

Todo empezó hace tres años. Podemos y Ciudadanos entraban en el Congreso, mientras PP y PSOE veían disminuido su peso parlamentario. Mariano Rajoy tenía, como hoy Pedro Sánchez, el apoyo de sus 123 diputados. Lejos de la mayoría absoluta y hasta de la simple. El embrollo que se organizó, repetición de elecciones incluida, es conocido. Entonces se alzaron las primeras voces para reformar el artículo 99. Pero superado el trance, la demanda se extinguió. Ahora ha resucitado con las dificultades de Pedro Sánchez para reunir la mayoría suficiente para ser investido. Como se suele decir, 'solo te acuerdas de santa Bárbara cuando truena'.

La disposición constitucional establece que el candidato debe lograr la mayoría absoluta del Congreso; de no conseguirla debe obtener más 'síes' que 'noes' en una segunda votación 48 horas después. Si tampoco supera ese listón hay un plazo de dos meses a contar desde la primera votación para volver a intentarlo. Y si nadie consigue la confianza parlamentaria, nuevas elecciones. Pasó en 2016, y se corre el riesgo cada día mayor de que ocurra ahora.

Los constituyentes pensaron que con la investidura daban un paso importante para democratizar la elección del presidente del Gobierno y dar más legitimidad al cargo. Ninguna constitución del siglo XIX y XX contemplaba esta figura, y dejaba en manos del Rey o el presidente de la República la designación del jefe del Ejecutivo. Las consecuencias son sabidas, gobiernos que duraban días, inestabilidad permanente, traiciones parlamentarias. La investidura por parte del Congreso iba a acabar con esas turbulencias, pensaron aquellos legisladores.

Así fue mientras el bipartidismo funcionó. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy, en su primer mandato, no tuvieron problemas para reunir los apoyos necesarios para la investidura. Fuera por las mayorías absolutas o por el fuerte respaldo parlamentario o por acuerdos con los nacionalistas, el trámite se despachaba legislatura tras legislatura sin sofocos al primer intento (solo Zapatero lo logró a la segunda en 2008) y daban pie a gobiernos más o menos estables de UCD, PSOE y PP. Hasta que llegó 2016.

De aquel atasco surgieron propuestas varias para reformar el artículo 99 e instaurar el sistema vigente en Euskadi, y también en Castilla-La Mancha. Allí es elegido presidente el candidato que tiene más apoyos. Los diputados pueden votar a favor o abstenerse, no hay votos negativos. Y punto. Fiar la investidura al que logra más 'síes' que 'noes', facilita la formación de coaliciones de bloqueo, como lo pudo comprobar Pedro Sánchez en 2016, o el mercadeo de apoyos a precios inasumibles, como sucede ahora. Si la moción de censura, afirman algunos expertos, tiene que ser constructiva no hay razones para que la investidura pueda ser destructiva.

Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, apunta que este procedimiento introduce «una cuña mayoritaria en un sistema proporcional», pero es «mejor» que otros sistemas que «priman ventajistamente al vencedor de las elecciones». Es lo que ocurre en Grecia, donde el ganador se lleva una bolsa de escaños que asegura su mayoría. Esa fórmula también se ha colocado sobre la mesa, pero ha tenido escaso recorrido. Como la de regresar al modelo decimonónico y de la primera mitad del siglo XX, y que sea el jefe del Estado el que designe presidente del Gobierno al líder del partido más votado.

El problema, en todo caso, es que la reformulación del 99 implica una reforma constitucional, tema tabú mientras siga en pie el desafío soberanista en Cataluña. Aunque si no existiera tampoco sería fácil de acometer por la resistencia de los partidos, en especial del PP, a encarar la modificación de la Carta Magna. Una negativa sustentada en diferentes argumentos, entre ellos el debate sobre el modelo monárquico parlamentario y el republicano.

Pero parece evidente que hay un hartazgo entre la ciudadanía con el sistema para elegir al presidente del Gobierno porque alimenta el bloqueo político que se arrastra desde hace tres años. El CIS ha preguntado en su último sondeo por la supresión del trámite de alcanzar la mayoría absoluta, y casi el 44% se mostró de acuerdo, y el 31% en contra. La eliminación de ese requisito no resolvería, sin embargo, el problema porque la consecución en segunda instancia de la mayoría simple se ha convertido en un objetivo complejo por la demostrada incapacidad para acordar y la facilidad con que se forman las minorías de bloqueo.

Nada más lejos de la intención de los constituyentes que el artículo 99 fuera una fuente de inestabilidad para el sistema, pero la transformación del panorama político 40 años después y la llegada de líderes de otro cuño lo han convertido en un yacimiento de problemas.