La cita de Jordi Sànchez con el Rey, el próximo conflicto de la legislatura

Ni siquiera la eventual suspensión como diputado del político independentista, en prisión preventiva por su presunta participación en el intento de quiebra constitucional vivido en Cataluña en 2017, tendría por qué tener impacto sobre esta atribución concreta. El artículo 99 de la Constitución, el que establece el procedimiento ordinario de designación del jefe del Ejecutivo, no exige que las personas encargadas de transmitir al Jefe del Estado la posición del grupo parlamentario en nombre del cual hablan hayan concurrido a las elecciones o tengan escaño. La Constitución tampoco obliga, de hecho, a que el propio candidato a la presidencia del Gobierno lo tenga.

Literalmente, la Carta Magna lo que dice es que el Monarca hará su propuesta «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». Y no hay que remontarse demasiado para encontrar ejemplos de portavoces no parlamentarios. En 2016, por ejemplo, quien comunicó a Felipe VI cuál sería el sentido del voto del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, tras la batalla interna que costó el puesto de secretario general a Pedro Sánchez, fue el presidente de la gestora del partido y jefe del ejecutivo asturiano, Javier Fernández.

El Rey, por su parte, no se ha negado nunca a consultar a nadie que apareciera en el listado elaborado por la Presidencia del Congreso, independientemente de su perfil. En 1993, don Juan Carlos recibió al parlamentario de Herri Batasuna Jon Idigoras y en 2011 al de Amaiur Mikel Errekondo.

En esta tesitura, el que podría impedir la cita con Sànchez (Esquerra ya ha dicho que no participará de la ronda porque «no reconoce al Rey como interlocutor válido») es el presidente del tribunal que lo juzga. Batet, en todo caso, no descartó este jueves su intervención. «Cuando me lleguen las peticiones de los distintos grupos parlamentarios -dijo- ya analizaremos esos nombres».