El triunfo de la libertad de expresión

Marcos Moro e Íñigo Noriega./
Marcos Moro e Íñigo Noriega.

El diputado del PP retira la querella en la que pedía cárcel para dos periodistas de Vocento por contar la verdad

ALFONSO R. ALDEYTURRIAGAMadrid

Al diputado asturiano David González Medina le pudo la presión. Hace dos días este periódico llevaba en portada que el PP pedía penas de cárcel, de casi cuatro años, para dos periodistas de Vocento por contar la verdad, por narrar hechos probados, por plasmar negro sobre blanco que el diputado asturiano David González Medina había sido condenado en 2004 por tráfico de drogas y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011. Pues bien, el querellante anunció ayer, a través de un comunicado, su firme intención de retirar mañana la querella contra el periodista de El Comercio Marcos Moro y el hoy director de El Diario Montañés Íñigo Noriega, para quienes reclamaba tres años y ocho meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

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«La decisión de presentar la querella fue única y exclusivamente mía y de mi familia, y en esa decisión el Partido Popular no ha tenido nada que ver, por lo que es tremendamente injusto que se vea perjudicado por vincularlo a esta decisión personal», sostiene David González Medina en su comunicado, que va en la línea de lo que anteayer manifestaron tanto el Gobierno como el PP nacional y también ayer mismo la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

«Nunca he deseado meter a ningún periodista en la cárcel por mucho daño que me haya hecho y tampoco deseo inhabilitar a nadie de su profesión. Eso forma parte de las fórmulas legales empleadas por mi abogado para construir mi defensa, algo para lo que dispuso de plena autonomía. Nunca tuve la intención de vulnerar el derecho a la libertad de prensa, que para mí es fundamental e imprescindible en una democracia. Tan fundamental como el derecho al honor y a la intimidad de los ciudadanos», señala el político popular, quien asegura que con su decisión de retirar la querella busca además no abundar «en el dolor» que las informaciones sobre sus condenas han causado a su familia.

El comunicado de David González Medina, cuya trayectoria política va de la mano de Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano, llegó a este periódico poco después de que la líder popular asturiana hiciera su primera declaración pública sobre la petición de cárcel del diputado contra dos periodistas por contar hechos probados. «En mi vida se me ocurrió acudir a los tribunales contra un medio de comunicación», dijo de manera contundente Mercedes Fernández, quien trató de desvincular al partido de la decisión del parlamentario asturiano de pedir cárcel para Noriega y Moro.

La noticia de que el parlamentario había sido condenado por tráfico de estupefacientes en 2004 y sancionado por consumo en 2011 fue publicada en El Comercio cuando optaba a la presidencia del PP de Gijón, en octubre de 2014. González Medina, hombre de la máxima confianza de Fernández, fue elegido en un congreso en el que su candidatura contaba con el respaldo de la dirección regional de la formación y que finalmente un juez anuló. Además, pese a que el riesgo de privacidad de prisión ya es mínimo para los dos periodistas, no puede obviarse la responsabilidad del partido en este asunto, dado que, y según sostiene la Agencia Española de Protección de Datos, aquellos que desarrollan una actividad dentro del ámbito político y público son sujetos «de una mayor exposición de sus datos ante la opinión pública, disminuyendo, a partir de dicha actividad voluntaria, la privacidad de sus datos y sus actuaciones, tanto en su dimensión pública como privada».

Ataque a la prensa

El paso dado ahora por González Medina, cuya petición de cárcel para dos periodistas de Vocento despertó las críticas de profesionales de la comunicación, medios y asociaciones de periodistas, así como de políticos y ciudadanos anónimos, por tratarse de un ataque directo a la libertad de expresión, cede el protagonismo a la Fiscalía. En manos del fiscal Javier Casado queda archivar el caso definitivamente. Una vez que el escrito del diputado asturiano sea registrado en el juzgado, el Ministerio Público tiene la potestad de cerrar la causa o mantenerla de oficio. Lo suyo, dado que la Fiscalía ya rebajó en dos grados la pena y anteayer mismo mostró su disposición a cambiar la pena de cárcel (en su caso de cinco y tres meses) por una multa, es que el asunto quede cerrado. Y, así, Marcos Moro e Íñigo Noriega podrán seguir informando en libertad.