«El catálogo de bienes se recibió desactualizado, pero se tomó como inicio para una revisión participativa»

Así lo ha explicado este jueves el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, en la comparecencia que ha tenido lugar ante el Pleno a instancias del PR+ «sobre la recepción y el tratamiento del catálogo de bienes protegidos y el catálogo de arbolado», penúltima polémica respecto a la asistencia técnica contratada con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio.

«En noviembre de 2024 este Ayuntamiento recibe por parte del contratista una serie de documentación entre la que se encuentra el catálogo, que se revisa desde la unidad correspondiente detectando errores y estando desactualizado, un borrador que se pensó que sería un buen punto de partida para una revisión participativa en paralelo a fin de incorporar nuevos enfoques y criterios, e incorporar otros elementos de interés más allá de los bienes inmuebles».

Una versión rechazada de lleno no sólo por el PR+, sino también por Podemos-IU, cuestionándose que precisamente esa revisión y actualización formaba parte del trabajo contratado con Ezquiaga, para el que, según han denunciado, además, ni siquiera se le requirió pese a los muchos fallos que contenía, denunciado que incluso se trata del mismo documento que el ya presentado (y abonado) en 2010 (durante el anterior contrato para la revisión del PGM en 2007).

Así, mientras concejales como Rubén Antoñanzas y Amaia Castro siguen sin entender que «el contratista se vaya a ir sin penalización alguna» y que, encima, «un grupo de trabajo haga su trabajo gratis» (más allá del catálogo ya ha sido puesto de manifiesto que el resto de documentos entregados tampoco cuentan con el visto bueno de los propios técnicos de la casa), López-Araquistáin ha llegado a hablar de «ejemplo de transparencia, responsabilidad y gobernanza activa» a la hora de abrir un proceso abierto de cara al catálogo definitivo.

Por otro lado, y dentro del bloque de mociones, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Logroño han rechazado la propuesta de la exconcejala socialista Eva Loza relativa a la «reducción proporcional de las asignaciones a los grupos municipales» (25% al PP, 20% al PSOE, 15% a Vox y 10% al Mixto), que se vería traducida en un recorte para los mismos (de hasta 118.7000 euros anuales este mandato), introduciendo una partida para «concejales no adscritos», como es su caso.

Así, los 5.500 euros al año 'solicitados', es decir, el equivalente al 50% de la parte variable que cada grupo recibe actualmente por edil, que se sumarían a los 12.906 euros que ya percibe Loza en concepto de indemnización por asistencia a sesiones y otras actuaciones derivadas del ejercicio de su cargo, han recibido la total oposición del conjunto del plenario, amén de la crítica unánime de todos pese a su reclamación de «tener las condiciones mínimas para desarrollar su labor».

«Ha aprovechado una moción para hablar de las retribuciones a los grupos con el fin de pedir un mecanismo que garantice su asignación», ha criticado Celia Sanz (PP), a lo que Luis Alonso (PSOE) ha añadido que la moción de su excompañera responde a «una burda solicitud de transferencia de dinero del resto de los grupos políticos a su cuenta corriente», a pesar de que «cuando abandonó el Grupo Socialista presumió de que no iba a costar dinero a las arcas públicas». «Su palabra fue que no iba a cobrar», pero «ahora pide una asignación específica que solo le favorece a usted», ha sentenciado María Jiménez (Vox).