La capital trabaja en una norma que regule las zonas de bajas emisiones
El Consistorio avanza en una ordenanza para cumplir la ley con las reservas de que el futuro real decreto no llegará a tiempo y habrá un plazo «de cierta indefinición»
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética las establece, aunque dejando abierta multitud de posibilidades: «Se entiende por zona de baja emisión el ámbito ... delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».
Y el Ministerio responsable, en ese mismo sentido, plantea diversas propuestas en el documento elaborado con las 'directrices para la creación de zonas de bajas emisiones', lo que se entiende previo al real decreto que las desarrolle. Así, de entrada, tales zonas no tienen por qué limitarse al centro de la ciudad ni a áreas en su conjunto sino que pueden establecerse en una sola calle o incluso tramos. Además, se pueden diseñar para asegurar un entorno de mayor calidad ambiental y seguridad, mediante la reducción y calmado el tráfico, así como de las emisiones, caso de entornos escolares o centros hospitalarios. Y hasta el acceso y circulación puede incorporar el pago de una tasa o peaje.
No en vano, los criterios de acceso y circulación, según el documento, «deben ir encaminados a desincentivar lo máximo posible el acceso del vehículo privado motorizado en general, independientemente del distintivo ambiental que ostente». Y es ahí donde Logroño considera que buena parte de lo ya hecho en pro de los entornos escolares seguros, la redistribución espacial en determinadas calles o el control de accesos al Centro Histórico permitiendo el paso solo a vehículos autorizados –residentes, comercios y demás servicios– puede –y debe– entenderse como zonas de bajas emisiones en la práctica.
El Ayuntamiento, de hecho, trabaja en una ordenanza que las regule con sus propios criterios, según explica el concejal delegado, Jaime Caballero, aunque con las reservas de que el futuro real decreto no llegará a tiempo –es decir, el 1 de enero– y habrá un plazo «de cierta indefinición».
La jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, precisa al respecto que aunque la capital de La Rioja «aún no las haya delimitado como tal» –con la señal correspondiente–, «lleva años dando pasos que se ajustan al espíritu de las mismas y, por tanto, de la ley que las hace obligatorias». Y es que, cuando en la ecuación se introducen los distintivos medioambientales de la DGT, «es importante contemplar el tratamiento de colectivos como taxis, servicios de vehículos con alquiler de conductor, profesionales de reparto de mercancías, repartidores de compras por Internet»... o simplemente de los residentes de cara a las excepciones que lo complican todo.
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