La Rioja contará con un piso de convivencia que aliviará el saturado centro Valvanera

En La Rioja, a día de hoy, los menores que cuentan con medidas judiciales (en este ámbito no se utiliza el término sentencias) en vigor son 114. Las más duras, las de internamiento (que puede ser en régimen cerrado o semiabierto ya que apenas se imponen las abiertas, que solo obligarían a pernoctar en un centro) son 25, mientras que otros 50 cumplen con la libertad vigilada, 33 están obligados a cumplir tareas socieducativas y seis más a trabajos en beneficio de la comunidad.

Esas 25 medidas más graves superan las 21 plazas disponibles en el Centro Valvanera, el único capaz de cubrir esas exigencias, por lo que algunos chavales de entre 14 y 17 años son derivados a través de la Fundación Diagrama, gestora del centro, a otras comunidades. Esa saturación permanente en el tiempo se había convertido en una queja constante del Juzgado y la Fiscalía de Menores, petición que será atendida en un breve plazo.

La Dirección General de Justicia e Interior ya ha licitado y tiene previsto, en el plazo de un mes, abrir un recurso de convivencia, un piso para siete plazas y pensado especialmente para dar respuesta al incremento de la violencia filioparental, cuyos infractores cumplen ahora las medidas en Valvanera.

«Es una solicitud que lleva ahí muchos años y que ahora se va a desarrollar en La Rioja», explica Tania Sáenz, directora general de Justicia e Interior. «Servirá para desatascar el centro de menores», añade. La noticia, bien recibida en el ámbito judicial, sin embargo no parece suficiente. Luis Miguel Rodríguez, juez de Menores, es contundente: «Valvanera se ha quedado pequeño. A los profesionales no se les puede pedir más, son inmejorables y el servicio es magnífico, pero las instalaciones, por espacio, están obsoletas».

«Parecía que el problema de plazas iba a ser coyuntural, pero nos hemos dado cuenta de que es estructural, con tipología de delitos cada vez más graves. El recurso de convivencia es un alivio que celebramos, pero no es una solución», resume Juan José Pina, fiscal de Menores.

El centro, pensado para menores pero también para aquellos que ya han superado los 18 y cuentan con una medida vigente, está lleno y en el horizonte judicial cercano se prevén «diez o doce casos graves», según Rodríguez, que pueden acabar con medidas de internamiento, así que el déficit de plazas se mantendría. Y es que a ese nuevo recurso nunca podrían acudir chicos y chicas con delitos graves a sus espaldas, consumidores de drogas o con problemas psiquiátricos ya que cuenta con otras medidas de seguridad y condiciones más laxas («no hay vigilancia o posibilidad de sujeciones», incide Rodríguez).

«Su creación servirá para ajustar las medidas a la intensidad de las conductas», reflexiona Santiago Herraiz, fiscal superior de La Rioja. «En el centro de reforma, pensado para delitos más graves, conviven con otros chicos con delitos también importantes, pero de otras características», añade.

Esa gravedad en las conductas delictivas preocupa a los profesionales y especialmente a los trabajadores. Y en La Rioja se hace patente en «una o dos denuncias al año», indica el juez Luis Miguel Rodríguez. «Una agresión o una amenaza por parte de un interno provoca que se abra otro expediente. La situación afecta mucho a la víctima, porque convive diariamente con los jóvenes, tiene una relación y un vínculo y eso hace daño anímico», incide.

En el centro Valvanera existe vigilancia, cámaras, protocolos... y, en principio, es el único lugar (salvo derivaciones a otras regiones) donde los menores con medidas judiciales pueden residir y que hay que diferenciar de «los pisos tutelados, donde residen menores en protección», sintetiza Tania Sáenz. Aunque los trabajadores denuncian que no siempre es así.

Más allá de especular con si el luctuoso suceso de Badajoz puede ocurrir alguna vez en La Rioja, el fiscal superior cree que ese asesinato «debe interpelar a la sociedad sobre que algo no se está haciendo bien».

En la región, aunque la estadística señala una estabilización en las medidas adoptadas (186 en 2023, el último año analizado por el INE), Fiscalía y Juzgado comparten que no solo se trata de un aumento numérico «sino que el salto cualitativo se produce en la gravedad y en la frecuencia de los delitos», expone Pina. Y uno de los ejemplos palmarios es el de violencia sexual. La influencia del porno en edades tempranas, las conductas de algunos menores y también que cada vez se denuncia más explican ese incremento.

Y frenarlo es una medida que atañe a todos y que exige una coordinación (desde Educación a Políticas Sociales, pasando por Justicia o fuerzas de seguridad) que coinciden en señalar que es muy fluida. El objetivo final de la justicia con menores siempre es la reinserción y, en el camino, impedir que se repitan errores que han provocado un suceso tan triste y macabro como el de Badajoz.