El 38% de las horas extraordinarias que se realizan en La Rioja no se paga
Los sindicatos exigen un «estricto cumplimiento del registro horario» y la patronal reclama «mayor flexibilidad»
La realización de horas extras es un motivo de conflicto recurrente en los centros de trabajo entre los responsables de empresas o comercios y los ... empleados. A pesar de que hay una legislación que las ampara, este asunto sigue generando polémica por el impago de estas horas que exceden de la duración máxima de la jornada. La aprobación por parte de Consejo del Ministros para dar carácter de urgencia a la tramitación del nuevo registro horario digital responde al objetivo del Ministerio de Trabajo de aliviar este problema. Porque a la semana se realizan en España más de 2,7 millones de horas extras que no tienen su contraprestación económica, más del 40% del total.
En La Rioja el porcentaje es muy similar, del 37,8%, porque según un estudio elaborado por el sindicato CC OO con datos de la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en nuestra comunidad autónoma se realizan de media 38.530 horas extra a la semana y 14.556 no reciben la correspondiente remuneración. Este porcentaje llega casi hasta el 52%, con más horas sin cobrar que pagadas, en el País Vasco y se queda, por ejemplo, en el 31% en el caso de la otra región vecina, Navarra.
No es fácil encontrar el motivo de una diferencia tan grande entre los distintos territorios –en otros como Extremadura o Canarias las horas impagadas apenas superan el 20%–, pero una de las principales lecturas puede radicar en que el registro horario, que ahora vuelve a estar de plena actualidad, entró en vigor en 2019 para obligar a las empresas a contabilizar la hora de entrada y salida de sus trabajadores –y también los descansos– y desde entonces ha desatado una oleada de protestas sindicales «por su ineficacia» puesto que el resultado es «un abuso de jornada en muchas ocasiones», según estas mismas fuentes.
«Se ha avanzado mucho desde 2019, pero que siga habiendo en España más de 2,7 millones de horas extraordinarias a la semana que no se pagan no se puede permitir. Este registro es un requerimiento que le hace a España el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que hay que cumplirlo. Los sindicatos, en la negociación colectiva, así lo hemos pedido mediante un real decreto», destaca Fernando Galán, responsable de Acción Sindical de CC OO en La Rioja.
En este sentido, Isabel Blanco, secretaria de Política Sindical de UGT en la comunidad, asevera que «es necesario vigilar el estricto cumplimiento del registro horario para conocer exactamente cuántas horas efectivas se trabaja. Y hoy existen medios de sobra para poder llevar un control pormenorizado». Si esta norma progresa y finalmente es aprobada, todas las empresas y autónomos deberán llevar un control digital y fiable de las horas de sus empleados, además de contabilizar las extraordinarias para evitar así el fraude.
Las sanciones
Educación es el sector que a nivel nacional acapara más jornadas extras impagadas, por encima de las 400.000 horas, seguido de la industria manufacturera, la hostelería, el comercio y el transporte. «Hay que aclarar que las horas extras, excepto las forzosas, son voluntarias por parte del trabajador y, por lo tanto, se acuerdan con la empresa», sostiene el secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo Fernández. Y reclama, en este asunto de las horas extraordinarias, «una mayor flexibilidad» de la que ofrece la legislación laboral actual.
Con lo que el nuevo registro horario digital al que el Gobierno central ha dado luz verde para su tramitación de urgencia «va a ser de difícil cumplimiento», a juicio del dirigente de la patronal, porque «requerirá de una infraestructura digital y hay muchos pequeños negocios y microempresas que no disponen de este sistema».
A la obligatoriedad de que el registro sea digital se une el hecho de que también sea interoperable para que pueda acceder la Inspección de Trabajo, tal y como plantea el Ministerio, pero su otro objetivo de que se puedan aumentar las sanciones por incumplimientos será más difícil de cumplir porque exige un cambio normativo –de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social– que resulta imposible modificar mediante Real Decreto y es necesario el aval del Congreso de los Diputados.
Con lo que las multas se mantendrán estancadas en una horquilla entre los 751 y los 7.500 euros por empresa; esta segunda cifra es la más común entre las sanciones aplicadas. Pero no se impondrán esos castigos económicos en función de cada trabajador, que era una de las grandes prioridades de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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