Olga Tobía

Gerente de APIR

«Se puede informar a los menores con sinceridad, pero sin detalles traumáticos»

Sobre esa base, APIR gestiona un programa de la Consejería de Salud y Servicios Sociales que lleva por nombre 'Apóyame'. «Es un recurso público de carácter psicoeducativo para atender a niños y niñas de 0 a 17 años que han convivido en un entorno de violencia de género y que actualmente están separados del agresor», expone Tobía. «Su finalidad es paliar los efectos emocionales, conductuales y sociales de esa exposición y contribuir a prevenir la transmisión intergeneracional de la violencia», añade.

Porque estas situaciones plantean dudas en las propias víctimas. ¿Se lo digo o no a mis hijos?¿Y, si doy el paso, cómo lo hago? Ante estas cuestiones, desde APIR se define como necesaria, en primer término, «una valoración inicial del nivel de comprensión de la situación» por parte del menor. «Antes de hablar con él, podemos evaluar si ha presenciado episodios o escuchado discusiones y si tiene información incompleta que pueda generar preocupaciones o dudas», enumera Tobía. Una vez hecho eso, llegaría el siguiente paso. «Se les puede informar con sinceridad, pero evitando detalles traumáticos», recalca. «El silencio, las medias verdades o los cambios bruscos sin explicación pueden generar culpa, miedo, fantasías distorsionadas o falsas creencias de que son responsables de lo que pasa», advierte.

Hay que adaptar, eso sí, el discurso a cada etapa evolutiva. «Los más pequeños probablemente precisen explicaciones concisas», señala la trabajadora social. «Los menores con edades escolares, mientras, tienden a realizar preguntas concretas, por lo que ayuda dar respuesta a sus dudas y usar recursos psicoeducativos», añade. «Y con los adolescentes se utiliza un diálogo abierto y respetuoso, ofreciendo información práctica sobre las medidas de protección y recursos disponibles», remata la gerente de APIR.

Esas herramientas son útiles para combatir los síntomas que presenta un menor expuesto a la violencia de género. «Los más frecuentes son los síntomas emocionales relacionados con la ansiedad, el miedo y la tristeza, así como las alteraciones del sueño o las dificultades académicas», enumera Tobía antes de señalar que estas manifestaciones son «respuestas adaptativas al estrés». Las madres, por su parte, «pueden tener menos disponibilidad emocional, más ansiedad y mayor dificultad para sostener rutinas o poner límites», apunta la gerente de APIR para añadir después algo que considera clave:«Es muy importante tener en cuenta que esto no es culpa de la madre, sino consecuencia directa de la violencia vivida».

Así pues, ¿cómo se puede acompañar de un modo adecuado a las víctimas, tanto menores como progenitoras? Tobía opina que esa ayuda ha de estar centrada en la seguridad, la reparación emocional y el fortalecimiento de los vínculos. Así, entre otros puntos, es necesario priorizar la seguridad «física y emocional» de la familia. «Garantizando que madre e hijos se encuentren en condiciones de protección», recalca Tobía antes de reseñar que el acompañamiento ha de ser «emocional, respetuoso y no culpabilizador».

El objetivo a largo plazo es desarrollar un entorno familiar estable y saludable en el que no se observen abusos como la violencia vicaria. «Es aquella forma de violencia de género en el que el agresor instrumentaliza a los hijos, a familiares o a otras personas del entorno de la víctima para causarle el mayor daño psicológico posible», avisa Olga Tobía. «Esta violencia tiene un impacto devastador en la madre y los menores», apostilla antes de enumerar algunas señales que harían saltar las alarmas, entre las que se encuentran las amenazas continuadas a los menores, los intentos de deslegitimar o aislar a la madre a través de ellos y el uso sistemático de las visitas para generar ansiedad o miedos en los hijos.

Ante esto, «la actuación ha de ser inmediata, priorizando la protección del menor y la madre y activando protocolos de protección cuando proceda», recalca Tobía antes de rematar su análisis con una conclusión. «La intervención socioeducativa con los menores exige una mirada integral, sostenida y coordinada, no basta con una actuación puntual y es necesario acompañar a la familia en sus necesidades legales, psicológicas, educativas y sociales a lo largo del tiempo».