A juicio dos corporaciones de Soto en Cameros por presuntos delitos de prevaricación y fraude

La Audiencia Provincial celebrará el próximo 23 de abril un juicio oral en el que se sentarán en el banquillo el actual alcalde de Soto en Cameros, Pedro Elías Cristóbal, aunque los hechos se produjeron cuando solo era concejal, y los miembros de las corporaciones municipales de las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015: los ediles populares Fernando Sáenz Soto, Faustino Reinares Lázaro y Pedro Antonio Garrido y el de IU Álvaro Villar Calvo, todos acusados de ser cooperadores necesarios de fraude y autores de prevaricación. En un principio también estaba investigado el anterior regidor municipal, Miguel Pedro Cuesta (PP: 1999-2015), que falleció en el 2020, aunque su nombre continúa apareciendo en el escrito de acusación del Ministerio Público. Pedro Elías Cristóbal se enfrenta a la misma pena que el resto de los otros cuatro exconcejales: dos años de prisión y más de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por unos presuntos delitos de prevaricación y cooperación necesaria en fraude a la Administración.

Los hechos se remontan a 2010, cuando otro acusado en el mismo proceso, el empresario J. A. O., condenado anteriormente por dos estafas, propuso al entonces alcalde, Miguel Pedro Cuesta, un proyecto de actuaciones de desarrollo turístico, comercial, agropecuario e industrial a través de la empresa Nexus Consultores. Según explica el fiscal, los dos acusados acordaron aumentar de forma ficticia el presupuesto de las obras para obtener una subvención que abarcara el total de las mismas y que a las licitaciones se presentara la empresa GOP, Soluciones y Servicios Generales, cuyo titular era un testaferro.

Estas actuaciones suponían, tal y como expone el fiscal, «contar con el conocimiento, colaboración y beneplácito del secretario», también acusado, al igual que el de los técnicos y directores de obra, igualmente presuntos autores de delitos de falsedad y fraude por haber dado «fe de haberse gastado cantidades mayores que no coinciden con la realidad y son el soporte documental necesario para cobrar un importe mayor de subvención». Y no solo participaron ellos, toda la Corporación municipal de dos legislaturas legitimó los acuerdos del Pleno en los que se adjudicaron obras a GOP «en favor del pueblo y su prosperidad», como lo define el fiscal. Los proyectos ideados pretendían conservar el paisaje del cañón del río Leza, mejorar caminos rurales y rehabilitar neveras y un mirador en la ruta de Treguajantes.

Para el fiscal, todos los concejales del equipo de Gobierno eran conocedores de que «las obras, si bien estaban subvencionadas, tenían que pagarse en parte por el Ayuntamiento», pero este no terminó empeñando fondos propios, mientras que el edil de la oposición, Álvaro Villar, aunque participó en los plenos en los que se aprobaron las adjudicaciones, «no fue partícipe en las mesas de contratación». Las pruebas documentales se extrajeron en el registro del Ayuntamiento de Soto realizado por la Policía Judicial en agosto de 2014. Hasta el deceso de Miguel Pedro Cuesta (la responsabilidad penal se extingue tras el fallecimiento) eran once los acusados en este juicio, ahora reducidos a diez: desde el alcalde hasta el testaferro, como describe el fiscal, «persona plenamente consciente de lo artificial y ficticio de su tarea, asumiendo legalmente las consecuencias de la actuación empresarial».

La obra del cañón del Leza se licitó por 254.693,32 euros y se adjudicó a GOP. El fiscal señala que en el proceso no se valoró que la empresa no estaba al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y «se puntuó más alto que al resto sin justificación», lo que considera «irregularidades y anomalías». También advierte de que «el supuesto fraude de percepción en la subvención ascendería a 57.629,44 euros, puesto que si la obra se ha ejecutado realmente por 158.154,63 euros, si se hubiera solicitado subvención por el coste real, la obtenida hubiera sido de 100.516».

Por otra parte, la obra del mirador y neveras entre Soto y Treguajantes parece que se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad, al ser una cuantía inferior a 100.000 euros, a GOP, a la que se pagó 29.910,78 euros, aunque se estima que el coste real fue de 14.909,82, así que se obtuvieron indebidamente 13.500,86 euros. La tercera obra, la de mejoras de caminos rurales, también se adjudicó a GOP, en este caso por 95.925,14 euros y se estima una cuantía de subvención percibida de manera indebida de 23.871,06. En total, sumando los beneficios obtenidos de las tres intervenciones, el fraude asciende a 95.000 euros, si bien el fiscal apunta que el dinero sobrante se dedicaba a otras actuaciones públicas; «No se ha acreditado ni consta enriquecimiento personal de los acusados».

Cuando en 2014 saltó esta noticia a los medios, el PP calificó las informaciones sobre el supuesto fraude de «calumnias y difamaciones», incluso lo tildó de «barbaridad». IU, cuyo concejal finalmente se ha visto igualmente implicado, reclamó «la intervención de la Administración General del Estado en el Ayuntamiento de Soto». Y el PSOE reprochó que el PP tratase «como algo normal que la policía registre el Ayuntamiento».

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