La hija legal del acusado de violarla reiteradamente se niega a declarar contra él
El procesado también se ha acogido a su derecho a no declarar; el fiscal, que mantiene su petición de 98 años de cárcel, ha renunciado a los testigos y la práctica pericial, y la defensa pide la absolución
Apenas cinco minutos ha durado este martes la vista oral contra un hombre acusado de violar reiteradamente a su hija legal. En la inusual sesión, el procesado, un hombre de 62 años, se ha acogido a su derecho de no declarar. El mismo al que poco después se ha amparado la víctima, una joven que en la actualidad tiene 27 años y a la que supuestamente habría agredido sexualmente en varias ocasiones.
Ante la ausencia de declaraciones de los protagonistas de unos hechos que se remontan a los años 2014-2015, el fiscal ha renunciado a los testigos citados para hoy, así como a la pericial, y ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y su petición de 98 años de prisión para el encausado.
La defensa, por su parte, reclama la libre absolución de su cliente al considerar que no existieron los hechos que le imputa el Ministerio fiscal o subsidiariamente que se aplique la eximente completa de alteración psíquica.
Los hechos, sobre los que ahora se tendrá que pronunciar el juez, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, se iniciaron entre 2014 y 2015 en San Adrián (Navarra), lugar donde entonces tenían el domicilio familiar. En esa localidad, «guiado por un ánimo libidinoso» realizó varios «tocamientos» a su víctima.
Posteriormente, entre mayo y julio de 2018, y ya en Calahorra, tras amenazar a la víctima y decirle que «nadie la creería si lo contaba», mantuvo con ella relaciones sexuales con penetración no consentidas hasta en seis ocasiones, dos de ellas en el mencionado domicilio familiar calagurritano y otras cuatro en el pantano del Perdiguero de Calahorra.
Para el Ministerio Fiscal, los hechos constituyen siete delitos de agresión sexual con penetración, por los que pide 14 años de prisión por cada uno, es decir 98 años de cárcel, así como 8 de libertad vigilada. A ello, agrega una indemnización de 20.000 euros, por el daño moral causado, y orden de alejamiento de la víctima de 200 metros durante cinco años.
