El Gobierno sancionó a 15 viviendas de uso turístico en 2024 pero no cerró ninguna

La normativa autonómica describe la vivienda de uso turístico como «las amuebladas en condiciones de uso inmediato, promocionadas con finalidad lucrativa, que sean objeto de cesión temporal de uso y no formen parte de un establecimiento de apartamentos». La capacidad máxima debe ser el doble del número de habitaciones (incluido el salón) hasta un máximo de 8 plazas, incluidas camas supletorias. Y la comercialización se debe acompañar de la identificación del Registro de Proveedores de Servicios Turísticos de La Rioja, cuya inscripción es gratuita. De lo contrario, la sanción puede suponer entre 2.001 y 10.000 euros.

La inspección de la Dirección General de Turismo y Promoción Territorial realizó un estudio exhaustivo de las viviendas incluidas en el listado de Arvutur, lo que originó el inicio de diligencias sobre 17 de las 27 señaladas, aunque finalmente solo se iniciaron procesos sancionadores en 9: una muy grave por no comunicar el inicio de actividad y 8 leves por publicitar la vivienda con una capacidad superior a la autorizada, no exhibir el número de inscripción en el registro o no mostrar la placa identificativa. El año pasado, en total, Turismo abrió 15 expedientes sancionadores, mientras que en el presente ya hay 6.

Actualmente hay dadas de alta en el Registro de Proveedores de Servicios Turísticos de La Rioja 1.811 viviendas, lo que supone un incremento exponencial en menos de una década. En 2018 había 480, en 2020 había 1.042 y en 2023, 1.272, la mayoría en Logroño, seguido de Haro y Ezcaray. El crecimiento hace frente a la demanda: en 2023, el último dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, 82.169 turistas optaron por estos alojamientos en La Rioja, casi 24.000 más que en 2022 (28.190) y el doble que en 2021 (41.900).

Según informa Turismo, «no se ha cerrado ninguna vivienda como consecuencia de la imposición de una sanción». Esto a pesar de que una de las sanciones del 2024 fue considerada muy grave, por prestar un servicio turístico sin haber cumplido el deber de comunicación de inicio de actividad, y tres de 2025 como graves, por utilizar denominaciones diferentes a las que corresponden conforme a su clasificación y publicitar una capacidad superior a la permitida. «Si a alguien sin licencia le permiten seguir, el control que se hace es insuficiente. Por pequeños detalles lo puedo entender porque la normativa cambia, se subsana y listo. Pero operar ilegalmente es gravísimo», critica Susana Díaz.

La Ley de Turismo de La Rioja establece que, en el caso de infracciones muy graves, podrá imponerse la suspensión de actividad, el cierre temporal o definitivo del establecimiento. «Del listado presentado por Arvutur únicamente se sancionó por la comisión de una infracción muy grave a una vivienda. Teniendo en cuenta que la infracción cometida fue el incumplimiento del deber de comunicación de inicio de actividad y que se subsanó con posterioridad, se sancionó con multa», justifica Turismo.

Otras catorce infracciones en 2024 resultaron leves, por no colocar la placa identificativa en un lugar visible de la entrada, incumplimientos de obligaciones y comercializar una capacidad superior a la permitida. Además, hubo otras dos muy graves a apartamentos por exceso de capacidad y por prestar servicio sin comunicar el inicio de actividad o tras haber sido denegada su inscripción en el registro, otra a un albergue, y dos leves a hoteles y tres por acampada libre.

Durante el presente año, de los 8 expedientes sancionadores 6 han sido a viviendas de uso turístico. La mitad han sido graves y la otra mitad leves, por no colocar la placa identificativa en un lugar visible de la entrada y no incluir la identificación de la inscripción en el registro. También han sido sancionados dos hoteles por infracción leve debido a incumplimientos de normativa y no disfrutar de los servicios en las condiciones contratadas.

«El Gobierno nos dijo que hay pocos inspectores, y que se va realizando el control poco a poco, aunque no es justificación. Recientemente ha abierto una en un antiguo bar que hasta mantiene el nombre y ha quedado muy bonito pero choca», advierte Susana Díaz. La falta de control y que se ofrezcan alojamientos con deficiencias en el servicio daña, tanto a nivel económico como de imagen, a las viviendas de uso turístico que operan legalmente . «También por seguridad, nosotros registramos a todos los viajeros», subraya Díaz.

Dentro de Arvutur, que cuenta con 135 socios, no hay constancia de sanciones entre quienes forman parte de la entidad. «Estamos bien informados», presume la presidenta. «Solo cuando preparamos el listado que entregamos al Gobierno uno de nuestros socios se percató de que ofrecía más camas de las podía, retiró la vivienda y la vendió», informa Susana Díaz.

La Policía Nacional también realiza inspecciones de los alojamientos turísticos, en su caso por una cuestión de seguridad. Hasta el pasado 2 de diciembre de 2024 los hoteles, albergues, hostales, pensiones, campings, apartamentos y viviendas turísticas debían remitir el listado de clientes con nueve datos personales de los mismos y, desde entonces, deben enviar 20 a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. No hacerlo puede acarrear sanción.

«Ahora se hacen inspecciones o visitas para comprobar que los viajeros son los que están dados de alta, si se cumplen los requisitos y si se han registrado los datos correctos. De momento, este año, no se ha impuesto ninguna sanción, pero estamos en fase informativa», explica Ramón Vila, subinspector del departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Generalmente son visitas rutinarias para recordar el deber de informar sobre los clientes alojados en los establecimientos. Lo habitual cuando no se hace esto, que es obligatorio, es que no sea algo deliberado sino fruto de un problema informático. «Si comprobamos que algún alojamiento no manda el registro desde hace días, acudimos, pero lo normal es que haya tenido un problema con el ordenador», reconoce Ramón Vila.

Pero si se realizan estas inspecciones es porque, de vez en cuando, salta la liebre. «Más de una vez hemos tenido un 'positivo', que es como llamamos a una persona que está en busca y captura y se registra en un alojamiento. Puede ser por quebrantamiento de orden de alejamiento por un delito de violencia de género, por una búsqueda internacional o porque tenía que haberse presentado en el Juzgado y no lo ha hecho, entonces nosotros lo ponemos a disposición judicial», expone Ramón Vila.

Las épocas de mayor tránsito de viajeros son en las que también se realizan más inspecciones, como las fiestas de San Bernabé y San Mateo. «En La Rioja se han puesto algunas sanciones pero no muchas, se cumple bastante bien. Y si se cumple, como decimos nosotros, paz y gloria», declara el subinspector.