El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
El objetivo del Ejecutivo es que estas viviendas se incorporen al mercado residencial para aliviar la tensión que existe en el acceso al alquiler
La Rioja
Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:33
El Gobierno central ha revocado 136 licencias de pisos turísticos en La Rioja al no cumplir los requisitos legales para su actividad. La medida se enmarca en la estrategia estatal contra el fraude en el alquiler vacacional y afecta a viviendas que habían solicitado su inscripción en el Registro único de alojamientos temporales, obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero cuya autorización ha sido denegada.
De las solicitudes revocadas en la comunidad riojana, 83 pertenecen a pisos situados en Logroño; 6 están ubicados en Ezcaray y en San Vicente de la Sonsierra, respectivamente; mientras que hay otras 5 peticiones que han sido denegadas en Nájera y otras 4, en Haro.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que dirige Isabel Rodríguez, estas viviendas forman parte de los 53.876 pisos turísticos ilegales que han sido notificados a las plataformas digitales del país para que retiren sus anuncios 'on line'. En muchos casos, se ofertaban en varias páginas de forma simultánea.
El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se incorporen al mercado residencial para aliviar la tensión que existe en el acceso al alquiler. «España ha sido el primer país de Europa en implementar un Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos», destacó la ministra.
Desde su puesta en marcha el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes, de las que 264.998 corresponden a pisos turísticos. De estas, más de 53.000 han sido rechazadas (un 20,3%). En La Rioja, la cifra asciende a 136 licencias denegadas.
Cuando se revoca un código, significa que la solicitud no cumplía la normativa vigente —ya sea por falta de datos o por incumplimiento de requisitos— y no se subsanó en el plazo establecido.
Con esta medida, el Ejecutivo busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que encarecen el mercado, expulsan a las familias de sus barrios y alteran la vida en las ciudades.
