La Fiscalía critica la falta en La Rioja de un centro para menores con problemas de conducta

Aunque de ámbito nacional, la Memoria de la Fiscalía incorpora datos estadísticos de las diferentes comunidades autónomas. El Ministerio Público ofrece dos contabilidades: la de las diligencias previas, fase inicial de la investigación, y la de los expedientes de reforma, procedimientos que tratan de determinar si el menor ha sido culpable de un delito y qué medidas correctivas se le deben aplicar. En ambos capítulos, el crecimiento es sustantivo. Si tomamos como base inicial el año 2016, el incremento ha sido muy notable, tanto en la apertura de diligencias previas (un 19%) como, sobre todo, en la incoación de expedientes de reforma (un 64%). De esta manera, en el año 2024, se iniciaron en La Rioja 372 diligencias y se abrieron 271 expedientes. Si descontamos el año anormal de la pandemia, con una disminución acusada y generalizada de las actuaciones judiciales, el alza en este segundo concepto se ha visto acelerada en los últimos tres años: 205 en 2022, 254 en 2023 y 271 en 2024.

La Fiscalía no entra a averiguar los motivos sociológicos de este repunte, pero sí examina los recursos disponibles para atender a toda esta población creciente. El sistema penal español presta una especial atención a los menores de edad ya que la acción punitiva debe ir dirigida no tanto al castigo puro y duro como a su reeducación. El juez de menores, en sus sentencias, puede determinar algún tipo de reclusión para los jóvenes infractores (en régimen cerrado o semiabierto), que cumplirán en lugares diseñados para esta función. En La Rioja, el centro Virgen de Valvanera –que depende de la Dirección General de Justicia e Interior y está gestionado por la Fundación Diagrama– desempeña esta tarea. La instalación tiene una capacidad para atender de forma simultánea a 21 menores. Durante el año pasado, un total de 36 jóvenes cumplieron medidas de internamiento en el centro, ya fueran firmes o cautelares. De ellos, 17 fueron de nuevo ingreso. Su capacidad, sin embargo, ya no es suficiente y el propio juez de Menores, Luis Miguel Rodríguez, lo reconocía así hace seis meses en las páginas de este periódico: «A los profesionales del centro Valvanera no se les puede pedir más, son inmejorables, pero se ha quedado obsoleto».

Más allá de este recurso, la Fiscalía del Estado, en su Memoria del año 2024, considera «preocupante» la «insuficiencia» de centros específicos para menores con problemas de conducta. En ellos se ingresan, con el visto bueno de la Fiscalía, jóvenes que no han sido sentenciados a penas de reclusión, pero que han mostrado conductas disruptivas o algún otro problema (por ejemplo, de adicción). El Ministerio Público reprocha que haya varias provincias españolas, entre ellas La Rioja, que carecen de este recurso, lo que puede suponer que «menores con comportamientos disruptivos convivan con menores en frase de integración educativa, dificultando considerablemente el trabjo con unos y otros».

Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno riojano puntualizan que, aunque aquí no se dispone de ningún centro de estas características, sí existen «22 plazas concertadas en recursos especializados de comunidades como Madrid y Cataluña». «Estamos hablando –señalan– de casos muy específicos que requieren una alta especialización y, por ello, se garantiza su atención en centros de referencia con los mejores profesionales y programas adaptados». El Gobierno de La Rioja señala la «colaboración» en este punto con otras comunidades autónomas y advierte que, «dentro del modelo de desinstitucionalización», se ha abierto recientemente «un nuevo recurso de seis plazas para menores con necesidades especiales de conducta». Sobre todo se apunta al tratamiento de jóvenes con antecedentes de violencia filio-parental, un problema cuya incidencia también ha ido creciendo en los últimos años.

Entre los datos riojanos que recoge la Memoria de la Fiscalía del Estado figura también el número de menores inimputables por no haber llegado a la edad mínima de responsabilidad penal, fijada en los 14 años. La cifra se ha mantenido constante en los últimos tres años (87 en 2024), aunque el incremento con respecto a la que se dio en 2021 resulta muy significativo. Sin mencionar expresamente el caso de La Rioja, la Memoria recoge «la preocupación» de los fiscales «por el despunte de la presunta intervención de estos menores en otros delitos más graves, como son los delitos de acoso escolar, contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar y otros cometidos a través de las redes sociales». La Fiscalía lamenta la «falta de mecanismos» para dotar a estos menores de «herramientas para gestionar su frustración» e insiste en la conveniencia de que las comunidades autónomas cuentan con programas específicos para menores inimputables como ya existen en Aragón, Madrid y Cantabria.