El fiscal pide 52 años de cárcel para el asesino confeso de Salwa en julio de 2023
La defensa de S.M.A. pide su absolución, mientras el Ministerio público asegura que mató a su esposa «en medio de una dolorosa agonía innecesariamente alargada» y la acusación particular reclama 103 años de prisión
Han transcurrido poco más de dos años desde que S. M. A. mató a su mujer, Salwa Zidan, e intentó acabar con la vida de ... sus tres hijos. Desde entonces permanece en prisión preventiva acusado de un delito de asesinato y de tres homicidios en grado de tentativa por los que, según ha sabido Diario LA RIOJA, se enfrentará a una petición por parte de la Fiscalía de 52 años de cárcel –25 por el asesinato y 9 por cada uno de los homicidios intentados– y al pago de una indemnización de 200.000 euros a cada uno de sus descendientes. No es lo único, la acusación pública solicita además la pérdida de la patria potestad, diez años de libertad vigilada una vez salga de prisión y una medida de alejamiento.
La defensa del acusado, representado por el abogado Alfredo Arrién Paredes, quien a lo largo de la instrucción ha puesto el foco en el estado mental de S. M. A. en el momento de los hechos, solicita su absolución porque considera que ni hay delito ni por tanto existe autor. En todo caso, en el supuesto de que sea condenado, pide que subsidiariamente se aplique la eximente de trastorno mental y la atenuante de confesión «al haber existido reconocimiento del hecho», apunta su escrito.
La acusación particular, que representa a la familia de Salwa va más allá, y reclama para el acusado una pena de 103 años de prisión, 25 de ellos por el asesinato de Salwa, 25 más por cada uno de los intentos de asesinato de sus tres hijos y otros tres por el delito de malos tratos habituales. En cuanto a la indemnización solicita que el acusado pague 400.000 euros a cada uno de los pequeños por la pérdida de su madre y 100.000 más a cada uno de los progenitores de la víctima.
En su escrito, la Fiscalía arranca su relato de los hechos con la llegada del acusado a España procedente de Siria el 26 de julio de 2016. Acompañado de su mujer y de sus hijos, había solicitado refugio dentro de un programa de la Unión Europea. Con ayuda de Cruz Roja y tras residir en un centro de refugiados, aprendieron el idioma y él consiguió trabajo de mecánico. Entre tanto, ella se desprendió del pañuelo que cubría su rostro, quería estudiar y encontrar un trabajo fuera de casa. Los objetivos de Salwa le hicieron sospechar a S. M. A. que lo que realmente quería su mujer era trasladarse con sus hijos a Alemania donde vivían sus padres. «Ante el temor imaginado de perder a sus hijos, consultó con un abogado» quien, según el escrito de la acusación pública, le informó sobre las posibilidades que asistían a la mujer tanto sobre el divorcio como de trasladarse y llevarse a los hijos que ambos tenían en común. Dispuesto a no consentirlo jamás, preparó el escenario para «matar con facilidad a su esposa» sin que los pequeños estuvieron presentes.
Sobre las 11.39 horas del 8 de julio de 2023 los llevó a la biblioteca pública Rafael Azcona, los dejó solos, regresó a su domicilio, situados a unos 300 metros de distancia y «con el afán de arrebatarle la vida a su esposa», de manera sorpresiva le golpeó violentamente en la cabeza con un objeto decorativo ocasionándole una fuerte contusión en la zona frontoparietal. Continuó dándole golpes para que no pudiera defenderse y una vez que Salwa estaba inerme y casi sin consciencia, se apoderó de unos cuchillos que tenían en la cocina y la acuchilló en numerosas ocasiones.
Para la Fiscalía, la muerte de Salwa tuvo lugar en medio de una «dolorosa agonía innecesariamente alargada tras la multitud de golpes y las reiteradas cuchilladas en zonas no necesariamente vitales, que prolongaron su padecimiento hasta el extremo».
Tras acabar la embestida, se aseguró de que su esposa había muerto, se limpió las manos con lejía, se cambió de ropa y poco más de una hora después, regresó a la biblioteca, recogió a sus tres hijos y subió a un autobús urbano que les llevó hasta la zona del camino de la Harinera. Junto al río Ebro, les conminó a acercarse y aún sabiendo que ninguno de ellos sabía nadar, cogió sorpresivamente al más pequeño, que entonces tenía 8 años, e intentó arrojarle al agua en un lugar de profundidad suficiente para cubrir la altura de los pequeños. El menor logró zafarse y aterrorizado emprendió la huida hasta ser atendido por unos ciudadanos que se encontraban en la zona.
Como había fracasado su intento con el pequeño, se dirigió a sus dos hijas y las arrojó, pero sus gritos de auxilio alertaron a varias personas que las rescataron y las protegieron. Tampoco en esta ocasión S. M. A. logró su propósito.
El acusado llegó a usar el cinturón como castigo contra su mujer, apunta la acusación particular
No había denuncias previas, pero para la acusación particular que representa a la familia de Salwa Zidan, los malos tratos eran habituales. Así lo sostienen en su escrito y así lo habría corroborada la madre de la víctima, residente en Alemania, a quien le confesaba que S. M. A. la maltrataba tanto física como psicológicamente «llegando incluso a utilizar el cinturón como forma de castigo físico en el domicilio familiar».
Precisamente, el delito de malos tratos es uno de los que diferencia el escrito de las acusaciones pública y particular, mientras el fiscal no lo contempla, las letradas Laura Ramírez y Victoria de Pablo, que representan a los padres y al hermano de Salwa y a la asociación prodefensa de los derechos de la mujer y del niño Clara Campoamor, reclaman por este delito tres años de cárcel, que se suman a los 25 por el asesinato de su esposa, y otros 75 años por los tres asesinatos intentados, y no homicidios en grado de tentativa como así los calificación el fiscal.
En cuanto a los hechos, el guión de la acusación particular difiere en poco del que hace el Ministerio público, aunque sí especifica que la causa de la muerte fue por shock hemorrágico secundario ocasionado por los últimos cortes que el procesado infligió a Salwa, quien fue hallada con una cinta métrica de costura de color amarillo anudada alrededor de cuello.
En el escrito, hacen hincapié en que el acusado «no se ha arrepentido en ningún momento de los hechos cometidos». Aseguran que desde la cárcel, remitió cartas a Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, quien asumió la tutela de los pequeños, para que se los entregaran. En las misivas «reconocía haber matado a la madre y buscaba diversos pretextos para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad». Los tres pequeños estuvieron bajo la tutela de la Comunidad hasta que fueron trasladados con sus abuelos a Alemania un año después del crimen.
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