Un Parlamento de clase media... con excepciones

En el Parlamento regional, los 33 diputados riojanos completaron este trámite al inicio del verano. Y la sensación económica que arrojan la mayor parte de sus señorías es de cierto desahogo, pero no excesiva abundancia, sobre todo pensando en diputados con largas carreras profesionales. Pero los datos son los datos, aunque haya quien malicie con patrimonios ocultos o con la capacidad de gestión de los cargos públicos con su patrimonio y el de los contribuyentes.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, es uno de los que ha tenido que completar el papeleo parlamentario. Y el jarrero declara bienes inmuebles por valor de 64.716 euros y otros (pueden ser cuentas bancarias, acciones, vehículos, planes de pensiones, joyas, obras de arte...) por 27.831. En su debe, algo más de 101.000 euros. Es decir, más de 8.500 euros de descuadre entre números negros y rojos.

Hace doce años, cuando Capellán tuvo que presentar su declaración de bienes como consejero de Pedro Sanz, su situación era más holgada. En septiembre de 2011, el valor de sus bienes inmuebles ascendía a 115.561 euros, el capítulo de 'otros bienes' llegaba a 25.224 euros y no tenía ni créditos pendientes ni deudas. Tras doce años de carrera como profesor universitario, consejero de Educación del Ejecutivo regional o consejero de Educación para el Reino Unido e Irlanda, su realidad económica parece bastante menos desahogada.

Dentro de sus compañeros de bancada, destacan el estatus de Mar Cotelo, cuya suma de bienes supera los 280.000 euros (aunque con un pasivo de 37.610), de Catalina Bastida (220.000 euros en haberes y 71.925 euros en el debe) o de María Teresa Antoñanzas y Víctor Visairas, con patrimonios muy cercanos a los 2000.000 euros pero cuentas pendientes.

En el lado opuesto se encuentran Diego Bengoa, con propiedades que suman poco más de 70.000 euros y deudas por valor de 57.441 o Antonio Eguizábal, con 60.000 euros declarados en activos, aunque sin números rojos.

Las cuentas de la actual líder de la oposición y senadora Concha Andreu también han perdido lustre durante la pasada legislatura. En agosto de 2019, la entonces presidenta regional, con un sueldo cercano a los 80.000 euros, presentaba una declaración con bienes inmuebles valorados en 323.856 euros, 30.870 euros en otros bienes y un pasivo de 17.000. En el comienzo de este curso político, la secretaria general del PSOE ha visto reducirse el valor de sus posesiones inmobiliarias a 101.048 euros, ha engrosado el apartado de 'otros bienes' hasta 108.559 y su pasivo también ha crecido: 69.083 euros.

Entre sus compañeros, dos nombres destacan por su patrimonio:Teresa Villuendas, que es la diputada regional que más declara (545.000 euros en activos y sin deudas), y José Ángel Lacalzada, con más de 400.000 euros en propiedades y un pasivo de 302 euros.

Mucho menos holgadas son las cuentas de la socialista Ana Belén Martínez, que no hace constar inmuebles ni otros bienes, pero reconoce una deuda de 11.640 euros, lo que la convierte en la parlamentaria con menos patrimonio.

Vox, formación que se estrena en el convento de La Merced, cuenta con dos parlamentarios que, según sus declaraciones, viven con holgura el día a día. Héctor Alacid cifra el valor de sus inmuebles en 215.000 euros y el monto de otros bienes llega a los 440.000 aunque su pasivo es de 148.000 euros. Y en el caso de Ángel Alda, el joven diputado (32 años) declara bienes inmuebles por valor de 224.000 euros y 'otros' que ascienden a 36.000. Eso sí, tiene que devolver 80.000 euros.

Por último, el grupo de Podemos-IU presenta dos caras y dos situaciones diferentes. En primer lugar, la declaración de bienes de Henar Moreno, en la que se reconocen activos que sobrepasan los 157.000 euros, aunque con un pasivo de 109.000. Y, en segundo, la del debutante parlamentario Raúl Pérez, que no declara inmuebles y cuyas propiedades ascienden a 3.357 euros, aunque con una deuda de 3.991 euros, lo que técnicamente le sitúa en números rojos.