Siete sistemas de detección de drones de un contrato del 'caso Mediador' fueron entregados en La Rioja

Uno de ellos, el que se recoge en el Expediente SPD-2021-051, sitúa la entrega en Logroño de siete sistemas de detección e inhibición de drones y estaba relacionado con la formación dentro del proyecto Public Spaces. El contrato tenía un importe de 213.800 euros. Desde la Delegación de Gobierno en La Rioja se señala que solo uno de esos drones fue entregado en la sede del cuerpo en La Rioja y que desde la región no se formalizan ni gestionan estos contratos.

Además, dentro de los contratos para formación en los que participaba el GAR también se ha requerido información sobre un suministro de equipamiento para el programa GAR-SI Sahel en Mauritania, con un importe de 944.830 euros, otro para el proyecto GAR-SI Sahel en Níger (978.648 euros) y otro para el GAR-SI Sahel de la Gendarmería de Malí, con un coste de 215.000 euros.

El general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha. La trama del Tito Berni extendió sus tentáculos por las adjudicaciones del Gobierno central al mismo tiempo que corrompía a diversos altos cargos socialistas del Ejecutivo canario. Esta bicefalia presuntamente delictiva se pone de manifiesto en las últimas investigaciones de la Unidad de Asuntos Internos (AAII) de la Guardia Civil remitidas este 2023 al Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, que ha dado luz verde en los últimos días a numerosas diligencias para seguir tirando del hilo de este sumario que incluye ya once piezas separadas cuyo contenido es, por ahora, desconocido.

Los investigadores, que en su oficio destacan la «complejidad» de «la presente investigación», aseguran a la magistrada que ven indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros.

La petición de información va dirigida directamente a Ana Terrón, exdiputada europea socialista y exsecretaria de Estado de Inmigración que en la actualidad es la directora de la FIIAPP, una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop.

Las sospechas de los investigadores -explican fuentes del caso- es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha.

En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación.Estos son los cuatro contratos bajo el radar de la juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres.

En los cuatro contratos hay drones entre el equipamiento y todos se los llevaron sociedades de otro de los investigados, José Santiago Suárez, al que se investiga si podía pagar comisiones tanto a Marco Antonio Navarro como al general Espinosa.