Archivada la denuncia de Jesús María García contra tres altos cargos de Medio Ambiente

La Audiencia Provincial de Logroño ha confirmado el archivo de la denuncia que en su momento interpuso el diputado socialista Jesús María García contra Ezequiel Fernández Navajas, anterior secretario general técnico de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, y otros dos altos funcionarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, al "no existir indicios de la situación de acoso afirmada por el denunciante ni de que el expediente disciplinario se iniciara como represalia alguna", ha informado el Gobierno en un comunicado.

Los hechos se remontan al año 2009, cuando el Gobierno de La Rioja tramitó un "expediente disciplinario contra Jesús García por la comisión de dos faltas graves en el ejercicio de sus responsabilidades como agente forestal": una por abandono del puesto de trabajo en varias jornadas laborales y otra por faltar gravemente al respeto a sus superiores. El expediente disciplinario finalizó con la imposición a Jesús María García de una sanción de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.

En el auto de archivo de las actuaciones, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción definió la actuación de los tres denunciados como "prudente", "pertinente", "útil" y "razonable" y expresó que "de la abundante documental aportada, unida a las declaraciones practicadas, no se aprecia que existan indicios de la comisión de hechos subsumibles en tipo penal", por lo que "procede el sobreseimiento libre de las actuaciones".

Ajustada a derecho

Finalmente, declara que el tratamiento dado al Jesús García fue igualitario con relación al resto de agentes forestales. En definitiva, y como recoge el auto, "la actuación fue ajustada a derecho y no existe delito alguno".

Dicho archivo fue recurrido por el diputado socialista, y la Audiencia Provincial, al conocer el recurso, ha ratificado punto por punto la actuación de la Administración, del entonces secretario general técnico, y de los dos altos funcionarios. En concreto, señala que la Administración actuó "conforme al principio de legalidad, que fue aplicado escrupulosamente al señor García".

"Difamar a tres servidores públicos"

Para el Ejecutivo regional, con esta resolución judicial queda acreditado que Jesús María García no ha dudado en difamar a tres servidores públicos con más de veinte años de intachable ejercicio profesional, intentando menoscabar su reputación para buscar instrumentalizar al poder judicial en su propio interés personal y político.

Para ello, ha acusado a los empleados públicos de los "más graves delitos" contra la Administración Pública y contra los trabajadores, cuando ya "son cuatro las veces que la Justicia ha negado la razón al diputado socialista en relación a los mismos hechos". Concretamente, en primer lugar el Juzgado de lo contencioso-administrativo, y posteriormente la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, más tarde el Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño y finalmente la Audiencia Provincial de Logroño.

Al Constitucional

Tras la nota del ejecutivo, el PSOE ha enviado una nota de respuesta en la que Jesús María García afirma que ha comenzado ya los trámites para acudir al Constitucional en busca de amparo.

En la nota, el PSOE recuerda que se trata de un tema "de la esfera privada", es decir, una causa "impulsada por un trabajador contra su empresa". Y muestran su sorpresa porque en la nota del Gobierno se oculta que el recurso contra el Gobierno "fue impulsado por la Fiscalía".

La nota hace también algo de historia sobre el caso. Así, los socialistas afirman que todo el caso tuvo origen a finales de 2008, cuando García, en sus funciones como agente forestal, denunció la ocupación ilegal de "casi 2 hectáreas de la Reserva Natural de Los Sotos del Ebro por un familiar de la entonces Consejera de Medio Ambiente Aranzazu Vallejo".

Según García, la denuncia le supuso "una persecución laboral en la Consejería de Medio Ambiente, que supuso se abrieran 3 expedientes disciplinarios en tan sólo 7 meses, cuando llevaba más de 20 años de servicio ejemplar sin una sola amonestación".

A consecuencia de esta situación, "en febrero de 2011 (ni tan siquiera era diputado) presentó una demanda en el juzgado contra su empresa (Gobierno de la Rioja) una demanda que no especificaba ni delitos cometidos contra él, ni tan poco señalaba a nadie como autor de dichos delitos. Se aportaban asépticamente los hechos y se dejaba a criterio del juez si abrir o no actuaciones". El juez Ulpiano González decidió abrir diligencias "y llamó a declarar a muchos testigos, al demandante, a la administración, entre ellos a cinco Agentes Forestales que habían sido testigos del acoso laboral y que dieron fe de ello".

Fue el Ministerio Fiscal, afirma el PSOE, "quien en base a las diferentes declaraciones pidió al juez la imputación de tres altos funcionarios como responsables presuntos de un delito de amenazas y coacciones. Fue el fiscal, no Jesús María García, quién los imputó". Y con posterioridad, tanto el fiscal como García recurrieron el primer archivo del caso.