La CPAR pide devolver las plusvalías municipales indebidamente cobradas

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha denunciado el cobro indebido de plusvalías por parte de las administraciones locales y ha calificado de "inadmisible" gravar plusvalías "ficticias", por lo que ha pedido su devolución.

El presidente de la Junta Directiva de Promoción, Miguel Ángel Garrido, y el secretario de la CPAR, Juan Ramón Liébana, han efectuado estas afirmaciones en un encuentro informativo, en el que han dicho que la devolución de las cantidades indebidamente cobradas con este impuesto es una cuestión de "justicia social".

La CPAR, según Liébana, desea que los responsables políticos municipales en La Rioja den las órdenes pertinentes para que se devuelvan todas las cantidades indebidamente cobradas en concepto de plusvalías en los casos en que los ciudadanos y las empresas han incurrido en una transmisión de propiedad como consecuencia de una ejecución hipotecaria o una dación en pago a una entidad bancaria.

"No se pueden consentir que, además de pasar por situaciones económicas que bordean la exclusión social, el Ayuntamiento les diga a los ciudadanos que también tienen que pagar porque han tenido plusvalías", ha apostillado.Para él, ello es "ridículo" desde un punto de vista técnico e "inmoral" desde una perspectiva humana; pero ha señalado que es "lo que lleva pasando años en los ayuntamientos riojanos".

"Inadmisible"

Garrido y Liébana han citado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño, del pasado 23 de septiembre, que pone de manifiesto lo que la CPAR ha denunciado públicamente y ha transmitido "reiteradamente" a los responsables del Ayuntamiento logroñés y a los dirigentes del PP de La Rioja en los últimos dos años.

"Es inadmisible gravar plusvalías 'ficticias' y que los ayuntamientos pretendan que en los supuestos de dación en pago o de ejecución hipotecaria se ha producido un incremento patrimonial que reclaman, incluso por vía ejecutiva, a ciudadanos y empresas", ha incidido Liébana, cuando, además, con esa reclamación tributaria, estos están abocados, en muchos casos, a perder sus viviendas habituales y al concurso de acreedores, respectivamente.

Estos miembros de la CPAR han denunciado que es "injusta" la práctica de los ayuntamientos de cobrar las plusvalía a los ciudadanos y a las empresas cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de una transmisión.

Interpretación "torticera" de la ley

También es una interpretación "torticera" de la ley, ya que si no hay incremento del valor de los bienes vendidos, no hay hecho imponible y si no hay hecho imponible, no es necesario calcular la base imponible para aplicar sobre ella el porcentaje y obtener la cuota tributaria, ha precisado el secretario de la asociación.

Esta es, según sus datos, la "acertada" interpretación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño y en los próximos días esperan un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que marcará la doctrina jurisprudencial aplicable en esta comunidad.

Se han referido a que se trata de pronunciamientos judiciales que llegan tarde para muchos ciudadanos que han tenido que hacer frente al pago de una liquidación de plusvalías municipales como consecuencia de desahucios anteriores a 2014, además de haber perdido sus viviendas tras un "estigmatizante" proceso de desahucio y hacer frente a las deudas hipotecarias con entidades financieras.

Los responsables de la CPAR han insistido en que, en esos casos, con esa transmisión no obtuvieron una plusvalía, sino que se vieron forzados a una situación de "absoluta exclusión social", en la que el pago de un "injusto" impuesto municipal supone la "puntilla" para acabar con sus proyectos vitales.

Liébana ha afirmado que se trata de una situación "indigna" porque muchos ciudadanos han tenido que hacer frente al pago de plusvalías "ficticias" sin posibilidad de poder recurrir ante los tribunales por falta de medios económicos. "Tener que hacer frente al pago de unas plusvalías ficticias en procesos de dación en pago o de ejecución hipotecaria, con evidente perjuicio económico, también está llevando a multitud de pequeñas empresas riojanas a una situación de concurso de acreedores y a que tengan que cerrar, con el impacto negativo que ello tiene para la actividad económica y el empleo", ha defendido.

Los dirigentes de CPAR confían en que los responsables municipales de La Rioja "tomen buena nota de la jurisprudencia y dejen de gravar a los ciudadanos y a las empresas girando al cobro unas plusvalías ficticias e injustas", ha añadido el secretario.

La CPAR también anima a que se impugnen las liquidaciones que se practiquen por este impuesto cuando no haya existido una plusvalía en la transmisión y, en el caso de haberla impugnado, a que se reclame la devolución de lo indebidamente cobrado, así como los correspondientes intereses de demora ante los tribunales.