Forzados a luchar: un ruso y un ucraniano reflejan la desesperación de los dos países por reclutar hombres

«No me imaginaba cómo sería la guerra», reconoció después a este diario, con el que se entrevistó el pasado invierno ya en la cárcel ucraniana en la que esperaba el ansiado canje. Lo habían capturado en su primera misión y, como afirmaba el resto de compañeros, su principal esperanza estaba puesta en la liberación. «Solo sé que no volveré a la guerra. Lo que quiero es hacer una vida normal», declaró. Por eso, cuando su nombre apareció en la lista de quienes iban a abandonar la prisión, la alegría fue infinita.

Pero no le duró demasiado, porque, nada más regresar a territorio de la Federación Rusa, le informaron de que tendría que volver a luchar. «Su contrato no ha acabado, así que tiene que seguir en el ejército aunque no quiera», cuenta apesadumbrada su madre desde San Petersburgo. «No estamos contentos, después de lo que ha vivido, le deberían dejar en paz», critica. Con Ivanov no se puede hablar, porque no le permiten tener un teléfono móvil propio, por lo que la madre se encuentra ahora en la misma situación que cuando estaba preso: no sabe ni dónde está ni qué hace. Y ahora vuelve a temer por su vida. La alternativa para el joven sería ingresar de nuevo en prisión por el castigo del que trató de librarse o, peor aún, por desertar.

En su conversación con este periódico, el Ivanov también denunció que solo había recibido un mes de entrenamiento antes del traslado al frente y que ni siquiera le habían ingresado los pagos que se le habían prometido, por un importe de un millón de rublos. Son 11.000 euros al cambio, una suma equivalente a la renta anual media del país que dirige Vladímir Putin.

Con tan poca preparación y medios tan escasos, no es de extrañar que fuese capturado rápidamente cuando trataba de robar algo de comida para sobrevivir en el campo de batalla. «Prometieron que enviarían un reemplazo, pero no llegaba y nos quedamos sin víveres. Nos volvimos locos», relató en la biblioteca de una prisión para soldados rusos en el oeste de Ucrania. «Yo no fui a la guerra para matar, sino para lograr mi libertad», afirmó Ivanov, que sigue sin lograr su objetivo.

Ucrania tampoco se libra de polémica y de críticas sobre su proceso de reclutamiento. El país invadido se benefició al inicio de la Operación Militar Especial de Putin del ardor patriótico de gran parte de la población masculina –y parte de la femenina– del país. Al inicio de la invasión, miles y miles de ucranianos se presentaron voluntarios a filas, y los éxitos de 2022 y 2023, cuando lograron evitar el avance ruso hacia Kiev y recuperar parte del territorio invadido, mantuvieron encendida la llama.

Pero han pasado casi tres años y medio, los muertos se amontonan por decenas de miles en ambos bandos, y cada vez quedan menos hombres por movilizar. Por eso, Kiev ha tenido que modificar las normas que, como país democrático, rigen este proceso. Ha rebajado de 27 a 25 la edad mínima a la que un hombre puede ser llamado a filas –las mujeres están exentas y solo participan de forma voluntaria– y con el fin de impulsar el alistamiento voluntario de los jóvenes de entre 18 y 24 años, Ucrania ha puesto en marcha este año un programa que ofrece importantes incentivos económicos –un pago único de un millón de grivnas (unos 21.000 euros), un sueldo de hasta 120.000 (2.500 euros) y préstamos sin intereses para vivienda– a cambio de un contrato de un año con el Ejército. A pesar de ello, en los dos primeros meses menos de 500 jóvenes aceptaron el trato.

En esta coyuntura, y aunque en teoría no se debe contar con antecedentes penales, el gobierno de Volodímir Zelenski también ha comenzado a enviar a prisioneros al frente. Es fácil entender por qué: después de la fase inicial caracterizada por la explosión de patriotismo, el constante goteo de bajas y el agotamiento lógico de la población complica encontrar hombres dispuestos a ir a la guerra.

Es un problema no solo para los propios reclutas, sino también para los soldados experimentados que tienen que darles cobertura. Como han reconocido a este periódico algunos de ellos, aunque todos reciben un curso de entrenamiento, es insuficiente para combatir en el frente con garantías de éxito. Y, a su vez, ese hecho amedrenta a los posibles candidatos. Así que se multiplican los casos en los que las autoridades ucranianas se saltan la ley para forzar a los hombres a ir a la guerra.

Lo sabe bien Viacheslav Shevchuk. Es un transportista de Kiev de 50 años que conduce un camión con el que realiza sobre todo envíos internacionales: en el viaje de ida lleva a Europa exportaciones ucranianas, sobre todo agroalimentarias, y en el de vuelta carga con productos europeos para el mercado local. Según las normas del país eslavo, la suya es una profesión esencial, por lo que está exento de ser movilizado.

Sin embargo, el pasado 20 de mayo, cuando estaba descargando la mercancía en la localidad de Borispol, al sureste de la capital ucraniana, unos hombres se acercaron a él y se lo llevaron detenido al centro de reclutamiento local. Allí, Shevchuk solo pudo enviar un mensaje a su familia antes de que también le impidieran utilizar el teléfono móvil. «Querían obligarle a hacer el reconocimiento médico preceptivo para enviarlo directamente al entrenamiento y, de allí, al frente», cuenta su hija Uliana, que se presentó allí con su madre para tratar de rescatarle. Ni siquiera la policía pudo ayudarles a resolver lo que consideran un secuestro.

En el centro de reclutamiento argumentaron que Shevchuk no había acudido por su propio pie, como se le exigía en una notificación que la familia asegura que nunca recibieron. Consultado por este periodista, el servicio postal ucraniano Ukrposhta reconoce que no consta ninguna notificación a su domicilio. Y tampoco tendría sentido, porque el transportista pertenece a un centro completamente diferente, el correspondiente al lugar en el que está empadronado.

Consciente del peligro que corre su padre, y de la injusticia que se está cometiendo con la falsificación de documentos, Uliana decidió contratar a un abogado y denunciar a los militares. Fueron, asegura, los peores días de su vida. Pero logró sacar a su padre. «¡Menuda familia tienes!, le dijeron los responsables del centro cuando le dejaron marchar», recuerda. Muchos no se resisten y acaban uniformados.

En el caso de Shevchuk, aunque es evidente que no se siguieron los cauces legales, el centro de Borispol decidió plantear batalla y remitir una notificación posterior que le impide continuar trabajando, ya que le pone en busca y captura, y que puede incluso abocarle a una corte marcial, así como al pago de multas abultadas, algo que ya ha dejado a la familia en una precaria situación económica. Es vulnerable, además, porque su empleador había olvidado conseguirle la protección que le corresponde por su trabajo.

Ahora, la familia lucha para que se le otorgue la exención que le corresponde por su profesión y que se retiren los cargos que pesan sobre él. «Además es que mi padre sería de poca ayuda en el frente: no está en forma y tiene mucho miedo», afirma Uliana, cuya imagen de Ucrania ha cambiado sustancialmente con esta experiencia: «Así no es como debería funcionar una democracia. Parece Rusia».