El chivo expiatorio colombiano
Las acciones emprendidas por el jefe de la Casa Blancabuscan exhibir en la región el poderío norteamericano frente a gobiernos que carecen del agrado de Washington
La reciente exclusión de Colombia como aliado antinarcóticos de EE UU y su inclusión en la lista de naciones que, por acción u omisión, permiten ... el tráfico de drogas retrata, una vez más, la vinculación de la geopolítica y los intereses con las acciones políticas y militares de la potencia estadounidense. Ahora le toca a Colombia bajo el argumento-acusación de que el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país. Que en dicho listado se incluya a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, China, Ecuador y Venezuela, todos ellos enfrentados con EE UU, cuestiona una decisión que los datos desmienten ya que no son peores que los de gobiernos anteriores.
La intencionalidad es manifiesta y es una consecuencia directa de las últimas acciones contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, que detenta un poder que las urnas le negaron. La ilegalidad de su presidencia y el deseo estadounidense de que pierda el poder y sea juzgado, son dos realidades íntimamente fundidas. Claro que, si el tráfico que procede de este país sale en lanchitas claramente detectables, se necesitarían miles de ellas para transportar una cantidad significativa que llegara a EE UU. Por otra parte, la alusión continua a organizaciones como el Cártel de los Soles o el Tren de Aragua, entidades que se pierden en la bruma de la leyenda, sobre todo la primera, lanza una sombra de sospecha sobre toda una tesis que no se refleja en los Informes de la DEA de 2024 y 2025. En el fondo es lo de siempre, el petróleo, tal y como manifestó el exdirector de FBI, James Comey. Si Maduro estuviese alineado con los designios de Trump nada de esto ocurriría, su pucherazo electoral no tendría ninguna importancia, no se hubiera apelado a las drogas y al terrorismo y sería un amigo de confianza.
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En principio Colombia seguirá recibiendo la ayuda estadounidense (más de 400 millones de dólares en 2024), tal y como ha puntualizado el encargado de Negocios de EE UU, John McNamara, aunque tendrá que tener en cuenta la amonestación de cara al futuro. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este apercibimiento enmascarado como reprimenda? Algo tan sencillo como demostrar quién tiene las riendas del poder en la región y más en un momento que coincide con las críticas del presidente colombiano contra el despliegue naval estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico. A ello podemos sumar los roces y enfrentamientos por los deportados colombianos tratados como delincuentes por EE UU. La empantanada relación entre ambos presidentes ha roto una historia de colaboración bilateral fructífera y continuada (Plan Colombia del año 2000, renovado en 2016 tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC). La decisión es claramente política ya que los fondos estadounidenses para los programas de paz y reintegración en Colombia se han reducido drásticamente desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
La política de Trump, y de sus antecesores, en países como Colombia es una tapadera para proyectar el dominio militar estadounidense. El problema de las drogas difícilmente se resolverá si EE UU no acomete las causas fundamentales en su propio país.
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