El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda

«Blindar el parque público de vivienda es una medida que no tiene coste para las administraciones, pero sí muchos beneficios y además auna un gran consenso social», apuntó Rodríguez ne la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde presentó el plan.

El objetivo de esta medida en concreto es que los menores de 35 años puedan residir en una vvienda con protección permanente. Es decir, que si el beneficiario de la ayuda quiere en el futuro vender esa casa, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos.

El gancho es que aunque las competencias en materia de vivienda es de las comunidades, el Gobierno es el que otorga la financiación que ahora se triplicará, con una estimación de destinar 7.000 millones de euros al nuevo plan estatal, frente a los 2.300 millones establecidos entre 2022 y 2025. La idea es alcanzar un pacto de estado para que las comunidades gestionen el 40% de los fondos, en virtud del reparto competencial.

«Necesitamos muchos recursos para hacer las casas que necesita nuestro país», indicó la ministra, recordando que el déficit habitacional en España ha pasado en los últimos años de 600.000 viviendas a una horquilla entre 400.000 y 450.000 viviendas, según el último informe del Banco de España.

En todo caso, y según datos del observatorio elaborado por el propio Ministerio, la construcción de vivienda protegida aún es muy limitada, tras años en los que han desaparecido de este mercado 2,5 millones de casas (que eran protegidas pero se vendieron en el mercado libre). Pese a experimentar un fuerte repunte en el último año, pasando del 2,5% al 3,5% de parque pública, de todas estas casas (unas 450.000 en todo el territorio, según el Ministerio), las licitadas para el alquiler representan un porcentaje ínfimo.

Según las medidas planteadas a las comunidades, de la inversión prevista, un 40% -unos 2.800 millones- iría destinado a incrementar la oferta pública de vivienda, con ayudas a la construcción de las viviendas de protección oficial permanentes, que se articularán en colaboración con otras administraciones públicas y organizaciones de carácter social, así como a través de fórmulas de colaboración público-privada. «En esta línea también se incide en la movilización de vivienda vacía a través de la compra o cesión de viviendas para incorporarlas al parque de alquiler asequible», añade el texto que se conocerá al completo este miércoles.

Otro 30% de los fondos se destinará a programas de rehabilitación de hogares y barrios y, el resto, a las ayudas con las que el Ejecutivo pretende reducir la edad de emancipación de los jóvenes. Aquí se incluyen los 30.000 euros para el alquiler con derecho a compra de vivienda protegida, además de una nueva versión del actual bono joven para el alquiler y las anunciadas para la compra de vivienda en zonas rurales, de más de 10.800 euros.

Aún quedan muchas dudas por resolver de este plan -el primero bajo la nueva Ley de Vivienda-, como las repercusiones fiscales para quienes reciban las ayudas o como se garantizará que los 30.000 euros para el alquiler con derecho a compra se restará durante los años de alquiler y no se devolverán dichas cantidades si finalmente no se realiza la transacción.