Competencia amenaza con multas de hasta 60 millones de euros a los responsables del apagón

En esta investigación propia el organismo llevará a cabo dos actuaciones. Por un lado, Fernández aseguró que si del análisis previo se deducen infracciones graves o muy graves el régimen sancionador incluye multas «de hasta 60 millones de euros» con herramientas proporcionales a los incumplimientos. «Estas sanciones garantizan la capacidad disuasoria» de las acciones, recordó la presidenta de la CNMC. Aparte, se podrán llevar a cabo acciones accesorias a la sanción, como la inhabilitación o la pérdida de autoridad administrativa. También la obligación de restituir o indemnizar al sistema, independientemente de las reclamaciones e indemnizaciones que puedan recibir los particulares.

Estas indemnizaciones, incluidas en el artículo 69 de la Ley del Sector Eléctrico, supone la obligación de restituir las cosas o reponerlas a su estado natural anterior al inicio de la actuación infractora en el plazo que se fije. Y cuando no se pueda restituir, la ley impone la indemnización de los daños irreparables por la misma cuantía que el valor de los bienes.

La presidenta explicó que se elaborará un informe con conclusiones y propuestas cuando se examinen los hechos. Será un documento que no podrá limitarse solo al ámbito eléctrico, sino que el incidente también supuso un apagón del sector ferroviario y de las telecomunicaciones. Estos son «servicios esenciales» y habrá que dilucidar causas y consecuencias desde una «perspectiva multisectorial», indicó Fernández. En este sentido, la presidenta aseguró que se está analizando el proceso de reposición de los servicios el día 29 para saber si funcionó todo correctamente y detectar «mejoras aplicables».

De momento -explicó- no hay datos que expliquen la concatenación de fallos que llevaron a la caída del sistema eléctrico nacional, a pesar de que ese día hubo una alta producción de renovables, un tipo de energía que varios grupos políticos y parte del sector han puesto en el punto de mira.

Por la complejidad del acontecimiento -«se están analizando millones de datos, milisegundo a milisegundo», señaló Fernández en su comparecencia-, el informe del Ministerio de Transición Ecológica tiene un plazo de 3 meses para presentarlo al grupo de coordinación eléctrico europeo, y Entso-e (red europea de gestores de redes eléctricas), por su parte, tiene que presentar un informe en seis meses.. «Se está reconstruyendo el evento con una precisión técnica suficiente», señaló Fernández justificando el dilatado plazo y emplazó hasta septiembre de 2026 para el documento definitivo final que se remitirá a todas las partes implicadas.