El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU

El Juzgado admitió a trámite el recurso y celebró un juicio el pasado 14 de octubre, que basó su fallo en el acuerdo del pleno del 9 de julio de 2019 en el que se fijaron los abonos por asistencia a los órganos municipales, y añade a los 4.800 euros adeudados los intereses desde la primera reclamación, presentada el 30 de junio de 2023, así como las costas procesales. En la sentencia se indica que la argumentación del Consistorio es que «el citado acuerdo solo establece dietas por asistencia a las sesiones ordinarias pero omite las extraordinarias, motivo por el que se han formulado los oportunos reparos y no se ha reconocido ni liquidado las reclamadas». Y, por otra parte, que tampoco que han abonado las ordinarias.

El Ayuntamiento justificó que «no existe dotación presupuestaria que permita su reconocimiento, liquidación y abono». Un informe de Secretaría ordenado por el alcalde, Alberto Peso (PP), expuso que «durante el mandato 2019-2023 aparentemente no se establecieron las dotaciones presupuestarias específicas necesarias en los diferentes presupuestos para el pago de las asistencias a las sesiones, tampoco se efectuó orden de pago por parte de la Alcaldía ni solicitud, por lo que no se tramitó pago alguno a ninguno de los miembros de la corporación». Únicamente se abonaron las asistencias a las comisiones (20 euros por sesión).

Junto a Fernández, igualmente reclamaron administrativamente los concejales populares durante la anterior legislatura Alberto Peso, Mar Cotelo, Miguel Ángel Álvarez, Estíbaliz Heras y Naiara Montiel, sin que conste petición alguna de los ediles socialistas. José Ignacio López (PP), al estar liberado, no tiene derecho a percibir indemnizaciones. El informe de Secretaría calcula que el Consistorio no ha abonado un total de 20.500 euros a los concejales que han reclamado, si bien la deuda prescribe a los cuatro años si no se solicita, y estima que es necesario aprobar en el pleno un reconocimiento extrajudicial de créditos para este gasto. Otro informe de la Dirección General de Política Local, también solicitado por el alcalde, concluye que las reclamaciones de los concejales «tienen respaldo legal y administrativo».

El equipo de Gobierno (PP) ha justificado a Diario La Rioja que consideraba, «desde el primer momento, que esas dietas se debían de abonar pero desde Intervención, no», así que «ha sido una sentencia judicial la que ha resuelto la situación». Fernández (IU), por su parte, critica que «todo lo achacan a los servicios técnicos con una falta de gestión y gobierno rozando el patetismo». «¿Afrontarán el pago de las costas e intereses de su bolsillo?», se pregunta, y califica el silencio administrativo de «cobarde».