El Gobierno ha recuperado más de medio millon de euros por dependencia pagada indebidamente

Una mujer sostiene a una paciente de alzhéimer en un centro de atención a las personas afectadas por esta enfermedad. /Gabriel Villamila
Una mujer sostiene a una paciente de alzhéimer en un centro de atención a las personas afectadas por esta enfermedad. / Gabriel Villamila

El grueso de los expedientes de devolución se han abierto tras constatar que figuraban como beneficiarias personas ya fallecidas

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

A finales del 2006 se aprobó la ley de Dependencia. Un texto que concitó el apoyo de todos los grupos y que ponía en el primer plano del foco político a las personas con discapacidad. Las administraciones central y regionales, que en principio debían sufragar las prestaciones al 50% aunque luego no fue así, pusieron en marcha la maquinaria para aplicar la técnicamente llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Un complejo procedimiento que, por ejemplo, incluía la valoración de los potenciales beneficiarios y su clasificación en alguno de los grados establecidos en función de su nivel de dependencia.

El sistema echó a andar, pero en el 2013, después de que se cuestionara el modelo que lleva el sello del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el Tribunal de Cuentas, en un informe elaborado después de fiscalizar la gestión económico-financiera y la aplicación de la ley de Dependencia desde 2007 a 2011, evidenció lo que calificó de «absoluta descoordinación entre las administraciones autonómica y central».

Tal falta de armonía suponía que no se actualizasen las bases de datos de dependientes, algo que en la práctica se tradujo en que, por ejemplo, constaban como beneficiarias personas que habían fallecido, o que hubiera duplicidades. De su labor de fiscalización, el Tribunal de Cuentas concluyó que, hasta el 30 de abril del 2011, 41.224 dependientes fallecidos permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de euros para el Estado.

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Entonces, este órgano fiscalizador recomendó potenciar los procedimientos de control interno con el fin de sellar la grieta que tanto dinero costaba al erario público.

La Rioja fue una de las comunidades pioneras en poner la lupa sobre la dependencia, pero aún así, desde el 2009 hasta el 2016 la Administración regional ha reclamado 538.125,18 euros de prestaciones de dependencia indebidamente cobradas, la mayoría por no notificar el fallecimiento de un beneficiario.

En cualquier caso, desde el 2013, la cifra de expedientes para reclamar el reintegro de las cantidades cobradas de más ha descendido considerablemente. En el 2010, por ejemplo, se exigió el reintegro de 153.655,54 euros a 149 usuarios, en 44 casos por fallecimiento, en 90 por incumplimiento y en 15 casos por revisiones. Un año después, se abrieron 120 expedientes reclamando devolver más de 102 millones de euros. En total, en los años previos a la publicación del demoledor informe del Tribunal de Cuentas en el 2013 se tramitaron 440 expedientes reclamando la devolución de casi 466 millones. A partir de entonces, el número de peticiones de reintegro, y en consecuencia las cantidades a devolver, cayeron en picado. Una circunstancia que desde el Gobierno de La Rioja atribuyen a la mayor concienciación de los ciudadanos y al control sobre las prestaciones que se conceden.

En definitiva, el documento del órgano fiscalizador supuso un antes y un después. Así, por ejemplo, en el 2014 se reclamaron 12.884,61 euros de 22 expedientes, 20 un año después y 30 por valor de algo más de 46.000 euros en el 2016. En total, en los últimos tres años se ha pedido que se devuelvan los 72.000 euros abonados de más a 72 beneficiarios, una tercera parte de los expedientes abiertos del 2011 al 2013, incluido.

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