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LOGROÑO.
Miércoles, 25 de octubre 2017, 21:45
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La Rioja es una de las pocas comunidades que tiene un sistema de control sobre la aplicación de la dependencia. «Un control que se hace por una cuestión de celo profesional, porque entendemos que hay que hacerlo y porque queremos tener una fotografía exacta de las situaciones que puede haber como indebidas», detalla la directora general de Servicios Sociales, Celia Sanz.
Fruto de ese control, en los últimos años han caído en picado los casos en los que se ha detectado que la prestación se estaba cobrando de forma indebida. En ninguno de estos supuestos, apunta «hablamos de fraude» porque, según su experiencia, «vemos que no hay mala fe por parte de la gente, ni una idea de defraudar, sino que muchas veces se debe a desajustes y errores o a una falta de comunicación cuando una persona fallece o se traslada a otra comunidad autónoma, pero no a una intención de ocultar nada».
Es habitual, según detalla, el caso en el que una persona que tiene a su padre en un residencia y cobra una prestación vinculada al servicio, al fallecer el progenitor no lo notifique a Servicios Sociales porque da por hecho que hay un cruce de datos y «a veces ese cruce puede llegar más tarde». Sólo con que haya un desfase de dos meses, «económicamente puede suponer dinero porque si, por ejemplo, la prestación es de 700 euros, dos meses son ya 1.400».
En cualquier caso, «no estamos hablando de cantidades exageradas», abunda Sanz, «porque nosotros invertimos 12 millones de euros en prestación y de esos 12 ha habido 72.000 euros cobrados indebidamente en los últimos tres años, son cantidades ridículas comparadas con lo que se invierte».
Tampoco suponen mucho los expedientes de reintegro si se comparan con el número de beneficiarios. En el 2016, por ejemplo, 2.764 personas percibían una prestación para cuidados en el entorno familiar y 1.147 cobraban una ayuda vinculada al servicio. «Dentro de esos niveles, no es que no sean importantes pero son poco significativos», insiste.
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