La familia llega al juicio por el asesinato de una trabajadora social en Extremadura con ganas «de acabar con este calvario»

El abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, que representa a la familia de la víctima, ha indicado al entrar en los juzgados que es un momento importante para la familia aunque esperaban evitar tener que participar en el juicio. No ha sido así, ha dicho, porque la Junta no ha contestado a las ofertas de acuerdo económico. «No se trata de cuantías, esa pérdida no se puede compensar, pero al menos esperaban un gesto de la administración».

La familia de Belén quería que el juicio fuese solo por el asesinato sin incluir la responsabilidad civil subsidiaria, por la que se ven obligados a testifical. Reclaman a la Junta más de medio millón de euros.

Montaño ha indicado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, llamó a los familiares días después del asesinato, pero que desde entonces se han sentido abandonados por la administración regional. La Junta está en el causa porque el piso tutelado estaba gestionado por una empresa subcontratada por esta administración.

La acusación particular pide que los tres acusados sean condenados por asesinato, lo que supondría seis años de condena para los dos varones y ocho para ella. Supone un aumento a la petición fiscal que considera autores de los hechos a los de 14 y 15 años y cómplice a la de 17. Ellos cumplirían 6 años y ella 5.

El abogado de uno de los mejores, José Duarte, también ha sido muy crítico con la administración regional a la que ha considerado principal responsable de lo que ocurrió. «Era la crónica de una muerte anunciada», ha dicho y ha mandado su apoyo a la familia de Belén, «muy querida por los menores».

La Junta, ha añadido Duarte, «ahora está poniendo los medios». «Con la administración anterior, socialista, han pasado años con denuncia de fiscalía de lo que podía pasar y no se ha hecho ni caso durante años».

«No debió ocurrir, es incomprensible que una chica joven, aunque era muy querida por los menores, pudiera asumir esa competencia sola», ha concluido Duarte.

En un sentido similar se ha expresado el letrado Fernando Cumbres, que representa a la familia del otro menor implicado, y que reclama que la responsabilidad civil sea asumida por la Junta y no por sus representados. En el caso de los otros menores no hay duda porque estaban titulados por la administración regional, pero el chico de 14 años solo llevaba dos meses en el sistema de menores y aún no existía resolución. Cumbres reivindica que, a todos los efectos, estaba tutelado.

«Lo que debemos quedarnos de este juicio es que nunca más un trabajador debe ir con miedo a su puesto de trabajo por sufrir una agresion», ha indicado Cumbres. «No había garantías mínimas de seguridad para la trabajadora ni para los menores».

«Queremos que la Junta de Extremadura asuma su parte de responsabilidad, no solo por las indemnizaciones, sino porque no vuelva a ocurrir. No solo en Extremadura, sino en todas las administraciones, es un problema endémico del país. Para que la muerte de Belén no sea en vano», ha cerrado Cumbres.