Víctimas y víctimas

Lamentablemente no es España un lugar para demasiadas celebraciones. A las víctimas del franquismo no les alcanza esa Declaración de Derechos Humanos porque el estado español no la aplica. La democracia española se ha construido sobre el silencio y el olvido de las víctimas del franquismo gracias a un entramado politico-judicial que ha formado lo que a nivel internacional se conoce como 'modelo español de impunidad'.

A diferencia de cualquier democracia occidental, en España se creó un proceso llamado de reconciliación pero que fundamentalmente fue de impunidad. El perdón para los franquistas y el olvido para las víctimas. Nunca, en ningún país se ha producido semejante agravio a las víctimas de un conflicto. En Europa no ha habido ningún país en que su jefe de estado no haya condenado el fascismo, salvo España. Tampoco existe ningún país donde el dictador hubiese elegido a su sucesor. Ninguno. El último jefe de estado elegido democráticamente en España fue en 1936.

40 años después de la aprobación de la Constitución española, las víctimas del franquismo siguen careciendo de los derechos que esta Constitución debería garantizarles. Los verdugos, mientras tanto, han ido muriendo en sus camas, pero el entramado económico, policial y judicial se ha mantenido casi incólume hasta nuestros días. Recientemente se ha aprobado una timorata e incompleta Ley de víctimas del franquismo que sigue sin cumplir ni tan siquiera con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que Naciones Unidas viene indicando a España en sus informes anuales.

Es inaceptable en una sociedad que se diga democrática que tengamos miles de asesinados en las cunetas y, en el mejor de los casos, sean exhumados por empresas o asociaciones privadas.

Es inaceptable que se mantenga plenamente vigente una Ley de Amnistía que impide cualquier posibilidad de justicia. En reiteradas ocasiones, Naciones Unidas (Comité de Derechos Humanos, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) ha recordado a España que las amnistías, indultos y medidas similares que impiden llevar ante los tribunales a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

En hasta once informes, desde 2008, Naciones Unidas ha instado a España a privar de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser aplicada por los tribunales españoles para impedir el enjuiciamiento de estos graves crímenes de derecho internacional. ¿Qué ha hecho el estado español? O bien caso omiso o bien volver a legislar contra las víctimas tal y como como se puede leer en la recientemente aprobada Ley de memoria democrática, donde ni se deroga ni se modifica la ley de amnistía. Tal y como han señalado las asociaciones de víctimas y diversos organismos internacionales, se trata de una ley que, con algún avance, sigue negando el derecho a justicia, verdad y reparación a las miles de víctimas del franquismo.

Es inaceptable que no exista tampoco una condena a la Iglesia católica, ni la exigencia de que pida perdón por el apoyo dado al golpe de estado, por la justificación que dio de la guerra de España y por su colaboración total con la dictadura. Es inaceptable que nuestras calles sigan manteniendo los nombres de los verdugos. Es inaceptable que las empresas enriquecidas con mano de obra esclava republicana ni tan siquiera hayan pedido perdón y mucho menos indemnizado a los presos. Es inaceptable un jefe del estado que no haya condenado el franquismo.

Solo hay dos opciones: o se continúa por la senda de la impunidad poniéndose del lado de los verdugos o se legisla a favor de las víctimas. Y no es que nuestros legisladores no sepan hacerlo, baste leer la ley de víctimas del terrorismo de 2011 en la que se recogen todos y cada uno de los aspectos que la legislación en Derechos humanos obliga a España a cumplir: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Cuál es entonces la razón de que a unas víctimas sí y otras sean condenadas al olvido?

Gobierne quien gobierne en este país, las políticas de estado hacia las víctimas han sido similiares. Mas allá de cuestiones poco más que estéticas, PP y PSOE han mantenido siempre la defensa a ultranza de la impunidad. Sin duda las bases del régimen del 78 se asientan sobre la sangre de las víctimas por lo que solo la apertura de un proceso constituyente posibilitaría una democracia real donde no hubiera ciudadanos de primera y de segunda incluyendo la elección democrática del jefe del estado.

En los próximos meses entraremos en procesos electorales en los que las víctimas volveremos a estar muy presentes en el discurso. Con nuestro voto, tenemos la oportunidad de impedir que el olvido y la impunidad sigan vigentes construyendo no una segunda restauración sino una auténtica democracia.

Verdad, justicia y reparación.