En plena canícula, cuando la mayoría pretendemos ir bajando el ritmo profesional para entrar en el dolce far niente vacacional, se aúna el calor climatológico ... con el de las evidencias o sospechas de corruptelas políticas, a diestra y a siniestra.
No son buenas noticias la trama que se está desvelando sobre las supuestas maniobras de Cristóbal Montoro. Las evidencias de corrupción política no cesan porque están en la base de un sistema que las permite. Es una falta grave contra los principios y objetivos que deben cumplir aquellos que representan a la ciudadanía para dirigir la trayectoria de un país democrático hacia el progreso, gestionando el interés común.
La gota que está colmando el vaso es saber que, hasta con Hacienda se ha topado, utilizándola posiblemente como amenaza para una trama de influencias y fraude que apunta a una intolerable complicidad sistémica entre el poder ejecutivo, legislativo y sectores empresariales en pro de su beneficio, con los impuestos que paga la ciudadanía. Es una contradicción evidente que hace tiempo que el ciudadano sospecha, preguntándose hacia dónde van esos impuestos que paga religiosamente para hacer sostenible un sistema político de bienestar común.
Con las evidencias que afloran sobre la trama lucrativa en torno a Montoro para grandes empresas de electricidad, gas, energías renovables o la banca, eso de que «Hacienda somos todos» ha pasado a la historia. El enojo y desconfianza ciudadanos hacia el sistema se está convirtiendo en vergüenza ajena. Intento ponerme en la piel de esos funcionarios cuya tarea es perseguir a los pequeños evasores de impuestos investigando si han declarado todo lo que con esfuerzo han ganado en el ejercicio anual, intentando aminorar torpemente los sablazos que la Agencia Tributaria impone.
Es hora de decir ¡basta!, y de pensar que la corrupción no está solo en los corruptos visibles, sino en quienes participan y se benefician de ella; corruptores asociados que suelen liderar importantes compañías, más allá del bien y del mal. Malas noticias porque la corrupción ejercida a derecha e izquierda (económica y de dejación de responsabilidades) daña la credibilidad de un Estado y genera una desconfianza hacia el sistema democrático, abriendo una vía para otras voces radicales que solo tienen de democráticas su interés por ascender a lo alto del sistema.
Es hora de dilucidar la verdad y poner definitivamente límites a la corruptela, desde la ciudadanía y desde el Gobierno. Es una lacra que no merece España.
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