Llevamos varios días hablando de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Un debate en el que se mezcla política, comunicación, derecho y ... morbo, mucho morbo. El de asistir en primicia a una conversación privada, como si fuéramos la vieja del visillo, viendo cómo los políticos se destripan entre ellos. Sinceramente, creo que el contenido de estos mensajes es lo de menos. No es ninguna novedad que en política vuelen los cuchillos. Habría que ver los wasaps de Page, Lambán o Susana Díaz durante esos mismos días. Seguro que contenían perlas contra Sánchez similares a las que él ha vertido contra ellos.
Lo importante aquí es saber si es lícito o no publicar esos mensajes, porque ese es el principal argumento que está esgrimiendo el Gobierno, aludiendo a que son privados. Efectivamente lo son y, como tales, están amparados por el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución. Pero en democracia, el derecho a la privacidad está supeditado al derecho a la información si lo que se da a conocer tiene un claro interés público. ¿Existe aquí ese interés? Si de esos mensajes se dedujera que Sánchez era conocedor o colaboraba en los presuntos delitos de Ábalos que se están juzgando, algo aún no demostrado en lo que se ha publicado hasta ahora, estaríamos ante un caso claro de interés público al tratarse de un posible caso de corrupción. ¿Pero qué interés hay en saber qué opinión tenía el presidente de sus compañeros de partido o de coalición, más allá de ese morbo al que me he referido? Pues permítanme que muestre aquí mis dudas, aunque es verdad que la gran repercusión mediática que ha alcanzado esta historia podría inclinar a la justicia a dictaminar que efectivamente eso también tiene interés.
En este punto, ¿puede el gobierno denunciar la publicación de estos mensajes? Difícilmente. Podría denunciar la filtración de los mismos, es decir, que se investigue quién ha entregado a los medios ese material en posesión de la Justicia y de la policía. Pero esto es como buscar una aguja en un pajar y el gobierno lo sabe. De hecho, hasta ahora no ha habido ni una sola condena por algo así en nuestro país, porque nunca se ha llegado a encontrar a los filtradores, sabiendo además que a los medios les ampara el derecho a no revelar sus fuentes. Un derecho, recordemos, que ha permitido sacar a la luz muchos escándalos de corrupción.
Siendo consciente de esta dificultad, el Gobierno está intentando desviar la atención del contenido de esos mensajes y poner el foco en que su filtración es una muestra más de la «máquina del fango» de la derecha en su incesable campaña por echar a Sánchez. No seré yo quien les contradiga, pero lo normal en este tipo de filtraciones es que procedan de «fuego amigo», es decir, de compañeros de partido caídos en desgracia y resentidos. Además, no olvidemos que los móviles del presidente y de varios ministros fueron hackeados, como el propio Gobierno reconoció, lo que complicaría aún más la investigación.
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