La corrupción va por barrios. Tras semanas en las que el Partido Socialista se ha visto acosado por los casos Koldo, Ábalos y Cerdán, le ... toca ahora el turno al Partido Popular a cuenta del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Ambos partidos se tiran los trastos a la cabeza, en una especie de competición por tratar de demostrar que uno es más o menos corrupto que sus adversarios, lo cual es una tristeza, porque supone constatar que los partidos se conforman con aparecer ante sus seguidores como «menos corruptos» que sus rivales. Pero lo que no se dan cuenta es que con este juego del «y tú más» lo único que están logrando es que aumente la desafección y las opciones ultras y antisistema sigan ganando votos.
Del caso Montoro hay dos asuntos especialmente preocupantes. El primero, la constatación de las presiones del poder hacia los medios de comunicación críticos. No es algo nuevo y, de una u otra forma, se sigue haciendo. Pero las amenazas que hemos conocido que hizo el exministro a Onda Cero para que Carlos Alsina dejara de criticarle en su programa son inadmisibles en un sistema democrático. Lo mismo que el acoso al que se vio sometido el periodista riojano Javier Chicote, que tuvo que ver cómo Hacienda empezó a inspeccionarle tanto a él como a su padre (ya fallecido) e incluso a su hija, menor de edad. Pero la cosa va incluso más allá, porque se ha descubierto que Montoro habría podido utilizar información privilegiada sobre la situación fiscal de personajes públicos para tratar de amordazarles.
El segundo asunto que desborda la normalidad democrática es cómo el poder puede beneficiar intereses de empresas privadas a cambio de contraprestaciones económicas. Y esto nos lleva a hablar del lobby, que tan mala fama tiene precisamente por prácticas como las que hemos conocido. Vaya por delante que considero que el lobby es legítimo, porque creo que todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses ante los gobiernos cuando estos toman medidas que pueden afectarles. En este sentido, cualquier empresa, lo mismo que una ONG, un sindicato o una asociación vecinal, está legitimada a poder trasladar sus opiniones a los gobernantes. Y los políticos, tras conocer todos los puntos de vista, deben tomar las decisiones pensando única y exclusivamente en el interés general. Pero a la vista de lo que hemos conocido, no parece que fuera esta la forma de actuar del exministro Montoro, que supuestamente benefició a empresas con regulaciones favorables para ellas a cambio de dinero para el bufete de su hermano. Ha fallado él, han fallado las empresas que se sumaron a este juego y ha fallado, en general, la regulación del lobby en nuestro país. Regulación, por cierto, inexistente. Y quizá este sea uno de los mayores problemas, porque parece mentira que España siga siendo uno de los pocos estados de la UE donde aún no se ha aprobado una ley sobre los lobbies, que sin duda ayudaría a poner coto a prácticas como estas.
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