Después de muchos años de tiras y aflojas, de acusaciones mutuas y de gruesas palabras, PSOE y PP han sellado por fin el pacto que ... va a permitir renovar el gobierno de los jueces.
¿Y esto a mí que me importa?, pensarán muchos. Quizá una de las primeras conclusiones que podemos sacar de este debate es lo poco interesados que estamos los españoles en asuntos fundamentales para el funcionamiento de nuestra democracia. Y este lo es, sin duda alguna, porque llevábamos cinco años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o, lo que es lo mismo, incumpliendo la Constitución.
Este retraso, a todas luces desproporcionado, venía siendo denunciado por las asociaciones del mundo de la judicatura. Y hasta la Unión Europea nos había sacado los colores en más de una ocasión. En este tiempo, unos y otros se han ido echando la culpa y este era el momento en el que aún teníamos la casa sin barrer. Por tanto, no quedaba otra que alcanzar un acuerdo y, además, un acuerdo lo suficientemente amplio, porque para esa renovación se requería contar con el apoyo de al menos el 60% del parlamento.
¿Sumaba el Gobierno con sus socios ese porcentaje? Ni de lejos y por eso estos le pedían insistentemente que cambiara la ley, para facilitar que con una mayoría simple fuera suficiente para renovar el CGPJ. ¿Podía haber hecho esto el Ejecutivo? Forzando mucho las cosas, quizás, y ese era el ultimátum que Sánchez lanzó al PP, pero no hubiera dado buena imagen ante las autoridades europeas, al ser visto como una injerencia en la justicia.
Por todo ello, y se mire por donde se mire, el pacto es una buena noticia. De hecho, cualquier pacto en política tendría que ser aplaudido por lo que supone de querer llegar a un consenso entre partidos distintos. Pero, ¿se está percibiendo así? Pues parece que no, porque en este país, desde hace tiempo, todo lo que suponga ceder y pactar con el contrario, lejos de ser visto como algo bueno, es rechazado. Casi demonizado. En esencia, muchos electores, sobre todo los más radicalizados, tienen la idea de que al enemigo, ni agua, aunque eso suponga ir en contra de la Constitución, desbaratar nuestra justicia y perjudicar nuestra imagen internacional.
Para muchos, PSOE y PP son ahora unos traidores. ¿Traidores a qué? Ambos representan casi el 75% del parlamento y, por tanto, de la voluntad de los españoles. ¿Hubiera sido deseable un acuerdo con otros partidos? Evidentemente, pero eso no resta ni un ápice de legitimidad al pacto. ¿Y se podía negar Feijóo a renovar la justicia? Poco margen tenía, sobre todo desde que la UE se había involucrado en las negociaciones. Además, para un partido que lleva en su frontispicio la defensa de la Constitución, el hecho de demorar aún más tiempo su cumplimiento no parecía lo más sensato.
Así que bienvenido sea el pacto. Y ojalá vinieran muchos más, porque eso significaría que los políticos españoles han sido capaces de superar la crispación y pensar no solo en sus votantes sino en el interés general.
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