Lluvia de querellas

Únicamente por esta vía, la que se abre con las casi 18.000 muertes de ancianos acaecidas en las residencias españolas, hay querella posible, y no una sino muchas, contra casi todos los presidentes y consejeros autonómicos. Si alguien quiere ampliar un poco más el espectro, puede empezar a fijarse en todos los demás extremos en los que la gestión por parte de la autoridad competente de esta emergencia sanitaria no ha sido impecable. Desde la tardanza en reaccionar hasta la carencia de reservas estratégicas de materiales críticos para hacer frente al virus, como equipos de protección o pruebas diagnósticas. Ya que no son muertos lo que nos faltan, con cerca de 30.000 oficiales y algunos más extraoficiales, si alguien quiere ponerse aquí hay querellas para todos, incluido obviamente el Gobierno central en pleno.

Nadie puede negar, a quienes han perdido a un ser querido y tienen la sospecha o la convicción de que en su tratamiento o falta de él hubo negligencia criminal, el derecho a acudir a los tribunales. Les asiste el mismo y era previsible que lo ejercitaran. Lo que quizá no sea tan comprensible es el nada disimulado alborozo que se percibe en algunos al ver señalados por una querella a sus rivales políticos. Si esta dinámica se consolida, y todo hace temer que sí, aquí va a terminar querellado hasta el lucero del alba, salvo los que ni tienen ni tuvieron nunca responsabilidades y se frotan las manos y atizan el fuego con la certeza de que no los va a quemar. Quien no tiene esa seguridad, debería pensarse si no sería más inteligente abandonar ese ardor punitivo.

Entre otras cosas, si los tribunales declaran que todas las muertes fueron crímenes cometidos desde el Estado, ya sabemos quién pagará al final la factura: todos nosotros. Salvo que la UE asuma, cosa rara, el coste de autoindemnizarnos por nuestra torpeza.