El largo parto de la DO Rioja

Descenso de exportaciones y filoxera desde 1899 hicieron cierto en el sector vitivinícola que «donde no hay harina todo se vuelve mohína». Los cosecheros se inquietaban por los impuestos, los alcoholes industriales que competían con el vínico, los vinos artificiales (hechos con colorantes, agua y alcoholes industriales) y los foudres (vinos que llegaban de otras regiones y se vendían, solos o mezclados, como Rioja). Estas preocupaciones se exponían en los mítines y asambleas que convocaban los Sindicatos Agrícolas Católicos (SAC), que nacieron al abrigo del nuevo marco legal que surge a partir de 1906.

Los acuerdos firmados por España sobre propiedad industrial y denominaciones de origen, facilitarán la aprobación de la Ley de 1902 que regula la propiedad industrial y que dice: «Podrán hacer uso de marcas los agricultores para señalar los productos de la tierra. A ella se acogerán los cosecheros para pedir la propiedad de la marca Rioja».

En este contexto se celebró un mitin organizado por los SAC en el cine Moderno de Logroño el 27 de mayo de 1923, que acabó alumbrando una tabla con reivindicaciones para trasladar al Gobierno. Entre ellas la prohibición de las mezclas de vinos.

Los sindicalistas elaboraron una propuesta que sale a la luz el día 6 de septiembre de 1923 cuando diario LA RIOJA publica el texto completo del Reglamento en el que se regula el aforo de las cosechas, las guías para autorizar el movimiento de los vinos y los precintos para garantizar su procedencia.

En noviembre se elevó al Gobierno esta propuesta, apoyada por todas las fuerzas vivas, aunque lleva la firma de Felipe Ruiz del Castillo, notario y presidente de las Bodegas Cooperativas de los Sindicatos Agrícolas Católicos de la Rioja Alta de Haro, que agrupan a 150 cosecheros, unas 1.200 hectáreas y venden conjuntamente 5 millones de litros.

En el tiempo que medió entre la presentación de la propuesta para crear y regular la marca Rioja y su aprobación, el 6 de junio de 1925, se expusieron en mítines, asambleas y prensa escrita los argumentos de quienes estaban a favor y los de quienes la cuestionaban.

Fue apoyada por todas las organizaciones económicas de la provincia de Logroño, 131 corporaciones entre ayuntamientos y sindicatos agrícolas y un cosechero y exportador de Haro, Ricardo Ugalde. Se opuso la Asociación de Exportadores de Vinos de Rioja y ello hizo que se retrasara la decisión del Gobierno un año y medio, tiempo suficiente para que salieran a la luz las discrepancias entre unos y otros sobre la marca Rioja y su gestión.

El 2 de mayo de 1925, el presidente de la Asociación de Exportadores, Martínez Lacuesta, entra al trapo que en una asamblea le lanzaron los SAC y da cuenta de la posición de esta asociación, trasmitida al Gobierno con fecha 7 de noviembre de 1924. Justifica el rechazo de lo propuesta porque la estima perjudicial a la propia riqueza vitícola y de gravísimas consecuencias para los almacenistas exportadores de La Rioja Alta y Logroño, ya que les privaría del abastecimiento de vinos foráneos imprescindibles para mezclas.

Expresa también su preocupación por la pérdida de capacidad para competir con empresas de otras zonas en las que no existen estas restricciones y concluye el escrito pidiendo que, en el caso de aceptarse la propuesta de las Cooperativas, se deje un margen de hasta el 25/30 por ciento de entrada de vinos de otras regiones.

Esta declaración espoleó a los interesados y la prensa recogió las opiniones de Santiago de Ugarte (Bodegas Bilbaínas) y Germán Álvarez (Bodegas Franco-Españolas), a favor de los argumentos contra la regulación de la marca Rioja; y de Felipe Ruiz del Castillo, el conde de Hervías, el marqués de Legarda y Rafael Barrio a favor de la propuesta presentada por los sindicatos agrícolas.

La propuesta de las Bodegas Cooperativas, descafeinada porque no se aceptaron los aforos y las guías para el movimiento de los vinos, fue aprobada por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria el 6 de junio de 1925 (Gaceta de Madrid 9 de junio). Había nacido la marca Rioja y con ella dos cuestiones importantes que resolver: delimitar la zona Rioja y organizar su gestión.

En la asamblea celebrada en la plaza de toros de Logroño el 14 de junio de 1925, Ruiz del Castillo propone que sea la Diputación de Logroño quien gestione la marca Rioja y que se nombre allí mismo una comisión para crear la Asociación de Vitivinicultores representantes de la comarca Rioja, formada por tres de La Rioja Alta, otros tres por la Baja y uno por Rioja Alavesa.

Es la primera vez que se nombra a Rioja Alavesa en este asunto. Navarra sigue sin aparecer. Es más, en el documento aprobado en esa asamblea para pedir aclaraciones al Ministerio llama la atención que se pregunte si al estar formada esta región por todos los pueblos de la provincia de Logroño y los pueblos de la provincia de Álava situados en la cuenca del río Ebro, dado lo impreciso de la ley de propiedad industrial en lo referente a las marcas colectivas, la que se concede debe ser gestionada colectiva o individualmente por las Diputaciones de Logroño y de Álava.

La respuesta del Gobierno llegará un año más tarde a través de la Gaceta de Madrid al publicar el Real Decreto de 22 de octubre de 1926 por el que se crea el Consejo Regulador de la denominación vinícola Rioja y se establece un plazo de un año para delimitar la zona.

En el artículo sexto puede leerse quienes forman parte del Consejo Regulador, los representantes de las Diputaciones de las tres provincias, de las tres Cámaras Agrícolas, Cámaras de Comercio y Fomento de Logroño y Álava, la Asociación de Vitivinicultores de la Rioja, ingenieros de los servicios agronómicos de Álava y Logroño, el director de la Estación Enológica de Haro y tres funcionarios de los ministerios de Fomento, de Trabajo y de Hacienda.

Ya están las tres provincias incluidas en la zona Rioja, ahora hay que concretarla. De eso y de redactar el Reglamento del Consejo Regulador se hablará en la primera reunión celebrada en enero de 1927.

Tras un año de intensos debates, ahora por la composición del Consejo y por la delimitación territorial (Navarra pretendía incluir todas sus zonas productoras de vino y parte de la provincia de Soria), el 24 de febrero de 1928 se aprueba el Reglamento por Decreto y el 30 de marzo del mismo año la lista de pueblos que integran la zona Rioja.

La propuesta la presentaron los sindicatos católicos de la provincia de Logroño, que representaban a 160 asociaciones con 15.890 afiliados, y la apoyaron todas las fuerzas vivas de la provincia pero los debates que alumbraron la DO Rioja estuvieron protagonizados por letrados, no por agricultores. Estos debates dejan entrever las tensiones entre los grandes cosecheros protagonistas en la etapa del Rioja de los liberales durante el siglo XIX y ahora en crisis y las empresas que se han creado y que van a protagonizar el Rioja de las sociedades durante el siglo XX, en auge.

Además, hay que tener en cuenta la situación política en la que todo esto ocurrió: Directorio militar de Primo de Rivera y la Unión Patriótica como partido único entre 1924 y 1930.

La mejor demostración de la poca o nula presencia de agricultores es ver quienes compusieron el primer Consejo Regulador y comprobar su relación con este partido único. Pero esto se lo cuento en otro momento, cuando empiecen las instituciones a organizar los recordatorios oficiales de estos acontecimientos.